En un desarrollo político de gran trascendencia, el Gobierno ha otorgado un plazo de una semana a la Comunidad Autónoma de Aragón para que reforme la ley de concordia con el Estado. La medida se produce en un contexto de tensión entre ambas partes, ya que el Ejecutivo considera que la normativa actual no se ajusta a la Constitución. En caso de no cumplir con este requerimiento, el Gobierno ha advertido que recurriará al Tribunal Constitucional, lo que podría desencadenar una crisis institucional de gran envergadura. La decisión ha generado un gran revuelo en el ámbito político, y todos los ojos se vuelcan hacia Aragón para ver cómo responderá a esta ultimátum.
El Gobierno amenaza con acudir al Tribunal Constitucional si Aragón no reforma su ley de concordia
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, ha dado un plazo de una semana al Gobierno de Aragón para que reforme su ley de concordia. De no recibir respuesta, el Ejecutivo interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional antes del 27 de mayo.
El ministro Torres informó que ya envió una comunicación a los gobiernos de Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón, así como a sus respectivos parlamentos, para advertirles sobre sus mal llamadas leyes de concordia. El objetivo es llevar la única norma aprobada, la de Aragón, ante el Tribunal Constitucional para que vuelva al sentido común y al respeto a los derechos humanos.
Si esto no fuera posible, lógicamente, el siguiente paso sería el Tribunal Constitucional o cualquier otra institución que preserve los Derechos Humanos, afirmó Torres. El ministro espera seis o siete días para que llegue la respuesta antes de interponer el recurso.
La ley de concordia de Aragón bajo la lupa
Aragón derogó la ley autonómica de Memoria Democrática de 2018 en enero y en abril puso en marcha un plan de concordia. Sin embargo, tres relatores de Naciones Unidas han emitido un informe que deja en evidencia que las normas autonómicas pueden invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, y omiten nombrar o condenar dicho régimen.
Creo que hay una ultraderecha que cogobierna con el PP e impone sus tesis, aseveró Torres, quien tildó de excentricidad que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, haya enviado una carta al máximo responsable de la ONU para desmentir las falsedades que a su juicio profiere el informe del organismo internacional.
La Constitución y los Derechos Humanos
El ministro destacó que la Constitución establece que hay que preservar la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los convenios internacionales ratificados por España. Criticó que los gobiernos del PP y Vox desacrediten a la ONU por recordárselo. Supone un gran desprestigio internacional, señaló.
Torres también apeló a que el PP se siente en una mesa para revisar estas normas, insinuando que quien ejerce presión para no hacerlo es Vox. Llamo a Feijóo a que se coloque del lado de los derechos humanos, de las cartas firmadas por España y de los convenios que ratifica España, lanzó al líder de la oposición.
El Ejecutivo sostiene que la entrada de la ultraderecha en las Administraciones es el motivo por el cual aparecen estas normas. Antes, los principales partidos caminaban de la mano en un camino que se inició en la Transición, defendió el ministro del ramo.
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