En un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas, el Gobierno español ha decidido presentar un recurso constitucional contra la ley de memoria histórica aprobada por el Parlamento de Aragón. La norma, que tiene como objetivo reconocer y reparar el sufrimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista en la región, ha sido considerada inconstitucional por parte del Ejecutivo. El recurso presentado ante el Tribunal Constitucional busca frenar la aplicación de esta ley, que según el Gobierno, infringe la competencia exclusiva del Estado en materia de memoria histórica.
El Gobierno lanza un recurso constitucional contra la ley de memoria aprobada por Aragón
El Consejo de Ministros ha aprobado presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la ley de concordia aprobada por el Gobierno de Aragón de PP y Vox, con el que no ha alcanzado ningún acuerdo.
Según el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, Recurrimos a la Constitución para impedir que nadie reescriba la historia.
El Ejecutivo considera que Aragón ha incumplido su deber de colaboración con el Estado en la aplicación de la normativa nacional de memoria al derogar la anterior normativa, que data de 2018.
El ministro Torres ha explicado que el Gobierno toma esta decisión con el aval del Consejo de Estado y reprocha a Aragón que su ley retira placas de señalización de campos de concentración, así como de lugares de memoria y el mapa de fosas comunes, entre otras medidas.
El Gobierno de España ha querido hablar, sentarse y negociar, ha sido el Gobierno de Aragón el que ha dicho que no, ha puntualizado Torres.
Torres ha cargado contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, preguntándose por qué sus presidentes autonómicos retiran las leyes de concordia y la condena al franquismo de las mismas si realmente él condena la dictadura franquista.
Si creen en la condena nos preguntamos por qué invisibiliza al bando democrático, ha lanzado.
El ministro de Memoria Democrática avanzó hace meses que elevaría las normativas de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana ante Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.
También aseguró que si estas tres comunidades no se sentaban para dar un paso atrás el Gobierno interpondría un recurso ante el Constitucional, lo que ha hecho con la única que está aprobada, que es la de Aragón, y después de que esta comunidad haya declinado sentarse a negociar.
Torres también ha avanzado que el Gobierno recurrirá las proposiciones de ley de Castilla y León y la Comunidad Valenciana una vez se conviertan en leyes.
Si se terminan aprobando como las conocemos, indudablemente arbitraremos el mecanismo inicial (de diálogo) y luego también iríamos al Tribunal Constitucional, ha avanzado el ministro.
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