El Gobierno de España ha decidido dar un paso crucial en el ámbito internacional al presentar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea las controvertidas leyes de memoria propuestas por los partidos Partido Popular (PP) y Vox. Esta decisión, que busca abordar el delicado tema de la memoria histórica en el país, ha generado un intenso debate político y social en la sociedad española. Las leyes de memoria del PP y Vox, que han generado fuertes críticas y apoyos por parte de diversos sectores, representan un desafío para el Gobierno en su intento por reconciliar el pasado reciente de España y promover la justicia histórica. La presentación de estas leyes ante organismos internacionales como la ONU y la UE marca un hito en la política española y abre un nuevo capítulo en la búsqueda de la verdad y la reconciliación.
El Gobierno lleva leyes de memoria del PP y Vox ante la ONU y Europa
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno está internacionalizando su ofensiva contra las iniciativas sobre memoria democrática de las coaliciones del PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Esta decisión se suma al recurso presentado ante el Tribunal Constitucional y a las acciones que se llevarán a cabo a nivel internacional.
Las normas impulsadas en estas comunidades autónomas como respuesta a la ley de Memoria Democrática, fruto de los acuerdos de gobierno firmados por PP y Vox, serán objeto de análisis por parte de instancias internacionales como la ONU y el Consejo de Europa. El Gobierno ha adelantado que estas leyes serán recurridas ante el Tribunal Constitucional, y todo lo que eliminen será incluido de oficio en la Ley Estatal.
El siguiente paso será dado en Naciones Unidas, donde se recurrirá al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al Relator de Ejecuciones Extrajudiciales para evaluar la adecuación de estas medidas a los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos.
Además, se acudirá al Parlamento Europeo, donde se promoverá el debate y la votación de estas leyes. También se invocará ante el Consejo de Europa posibles violaciones del Convenio de Derechos Humanos, solicitando un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria, informando a la Secretaría General y al Comisario de Derechos Humanos, y pidiendo la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en España.
Ofensiva internacional del Gobierno contra leyes de memoria democrática de PP y Vox
El Gobierno ha decidido dar un paso más en su lucha contra las leyes de memoria democrática impulsadas por el PP y Vox en distintas comunidades autónomas. Tras recurrir al Tribunal Constitucional, se ha anunciado que se llevarán estas controversias ante organismos internacionales como la ONU, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo.
Las leyes cuestionadas, aprobadas en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, forman parte de los acuerdos de gobierno entre el PP y Vox en esas regiones, y son objeto de críticas por parte del Gobierno central. Se ha adelantado que se buscará la inclusión de todo lo derogado por estas leyes en la normativa estatal.
El Ejecutivo recurrirá a la ONU para que los Relatores especiales evalúen la congruencia de estas medidas con los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos. En el Parlamento Europeo se promoverá el debate sobre estas leyes, y se invocarán posibles violaciones del Convenio de Derechos Humanos ante el Consejo de Europa.
Estas acciones representan un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Gobierno central y las coaliciones autonómicas del PP y Vox en torno a la memoria democrática, y reflejan la importancia que se le otorga a la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica en el ámbito internacional.
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