El Gobierno y la Comunidad de Madrid han acordado establecer un plazo de seis meses para abordar las discrepancias derivadas de la reforma de la ley trans autonómica. Esta decisión busca propiciar un espacio de diálogo y negociación entre ambas partes, con el objetivo de resolver las diferencias existentes en torno a esta cuestión de gran relevancia social. La necesidad de discutir y encontrar puntos de encuentro sobre un tema tan sensible como los derechos de las personas trans refleja la importancia de un debate constructivo y respetuoso en el ámbito político. Esta iniciativa evidencia la voluntad de ambas instancias de buscar soluciones consensuadas que garanticen el pleno reconocimiento y respeto de los derechos de este colectivo en el marco normativo autonómico.
Gobierno y Comunidad de Madrid negocian sobre reforma de ley trans autonómica
El Gobierno ha lanzado un aviso a la Comunidad de Madrid: o llegan a un acuerdo sobre la ley trans autonómica o presentará un recurso de inconstitucionalidad a la norma impulsada en diciembre de 2023. Fuentes del Ejecutivo detallan que han pedido al Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso iniciar un proceso de negociación para solventar las discrepancias sobre los cambios que acometió una reforma que, según consideran, patologiza la transexualidad y establece el tutelaje médico.
Gobierno amenaza con recurso de inconstitucionalidad si no hay acuerdo
En el caso de no haber acuerdo, se interpondría un recurso de inconstitucionalidad. Los motivos que alega el Gobierno central para iniciar este procedimiento apuntan a varias modificaciones que se aprobaron en la Asamblea a finales de diciembre a las leyes trans y LGTBI, y que, entre otras cosas, eliminaron el concepto de identidad de género y recuperaron el requisito de exigir un informe a los pediatras antes de recibir un tratamiento para el cambio de sexo.
Se inician negociaciones para resolver discrepancias en ley trans madrileña
Con el objetivo de encontrar un punto de acuerdo que evite el recurso ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno arrancará este mismo martes las negociaciones previas en la Comisión Bilateral, para solventar las discrepancias sobre la constitucionalidad en torno a dos normas concretas: la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, y Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual. Dan para ello un plazo de seis meses.
Plazo de seis meses para llegar a un acuerdo sobre ley trans en Madrid
En el Ministerio de Política Territorial, que es será el encargado de las negociaciones que se produzcan en los próximos meses, señalan también ciertas disconformidades respecto a la ley de identidad y expresión de género. La modificación de esta ley niega a asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI la legitimación para presentarse como acusación o representar a víctimas en procesos penales o administrativos sancionadores, acusan desde el departamento dirigido por Ángel Víctor Torres, que asegura que este apartado vulnera el artículo 149 de la Carta Magna que atribuye al Estado las competencias exclusivas en materia procesal.
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