El tema de la reforma de la ley trans autonómica ha llevado al Gobierno y la Comunidad de Madrid a establecer un plazo de seis meses para abordar las discrepancias existentes en torno a esta polémica normativa. Esta decisión marca un hito en el proceso de diálogo y negociación entre ambas partes, que buscan encontrar puntos de encuentro y soluciones consensuadas respecto a un tema de gran sensibilidad y relevancia social. La necesidad de un marco legal que garantice los derechos de las personas trans y que a su vez respete las competencias autonómicas ha sido el centro de la discusión, generando opiniones encontradas y debates intensos en el ámbito político y social. El plazo de seis meses se presenta como una oportunidad para avanzar hacia un acuerdo que concilie las posturas divergentes y permita la promulgación de una ley que responda a las demandas y necesidades de la comunidad trans.
Gobierno y Comunidad de Madrid inician negociaciones por ley trans autonómica
El Gobierno ha lanzado un aviso a la Comunidad de Madrid: o llegan a un acuerdo sobre la ley trans autonómica o presentará un recurso de inconstitucionalidad a la norma impulsada en diciembre de 2023. Fuentes del Ejecutivo detallan que han pedido al Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso iniciar un proceso de negociación para solventar las discrepancias sobre los cambios que acometió una reforma que, según consideran, patologiza la transexualidad y establece el tutelaje médico.
Madrid y Gobierno pactan seis meses para resolver discrepancias legislativas
Así, con el objetivo de encontrar un punto de acuerdo que evite el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), el Gobierno arrancará este mismo martes las negociaciones previas en la Comisión Bilateral, para solventar las discrepancias sobre la constitucionalidad en torno a dos normas concretas: la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, y Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual.
Debate sobre la ley trans en Madrid: plazo de seis meses para acuerdo
Dan para ello un plazo de seis meses. En el caso de no haber acuerdo, se interpondría un recurso de inconstitucionalidad, detallan las mismas fuentes.
Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha indicado este mismo martes que asistirá a la Comisión Bilateral propuesta por el Ejecutivo central para conocer en detalle los puntos normativos que presentan discrepancias y defender la posición del Gobierno autonómico con esta reforma que habría contado con la opinión de los profesionales científicos y médicos.
Uno de los aspectos más criticados de la reforma fue la modificación del artículo 14 la ley trans que en la nueva redacción de la Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual se contempla la necesidad de realizar un examen previo de dichos profesionales [pediátricos] para que los menores de edad puedan acceder al tratamiento hormonal médico relativo a su transexualidad. Ese mismo punto menciona que antes de iniciar el procedimiento farmacológico será requisito necesario que previamente reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil.
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