En un movimiento que busca proteger los derechos de los consumidores, el Ministerio del Consumo ha decidido lanzar una investigación exhaustiva a los operadores de comercio electrónico que participaron en la reciente campaña de Black Friday. La medida se toma en respuesta a las sospechas de prácticas comerciales engañosas denunciadas por los consumidores, quienes se sintieron engañados por las ofertas publicitadas durante la jornada de descuentos. La investigación busca determinar si los operadores de comercio electrónico incurrieron en prácticas comerciales desleales, como la falta de transparencia en los precios o la publicidad engañosa, y establecer responsabilidades en caso de que se encuentren pruebas de infracciones.
El Ministerio del Consumo investiga a operadores de comercio electrónico por prácticas engañosas en Black Friday
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un expediente sancionador contra grandes operadores de comercio electrónico por presuntas rebajas engañosas durante el Black Friday. Según la investigación, estos operadores habrían subido el precio de varios productos antes del Black Friday para después rebajarlos a su precio original.
Un ejemplo de esta práctica es el caso de un televisor que se ofrecía por 526,99 euros entre el 15 y el 20 de noviembre de 2023. Sin embargo, el 21 de noviembre, el precio del televisor se subió a 629,99 euros. Coincidiendo con el Black Friday, entre el 22 y el 28 de noviembre, el precio volvió a bajar a 526,99 euros.
Según el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior para poder llevar a cabo una correcta comparación. En este caso, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha añadido que la ley también indica que el precio anterior debe ser el precio menor que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos en los treinta días precedentes.
La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha recabado información de este tipo de prácticas durante una investigación previa. Estas prácticas pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
La investigación ha sido realizada por los servicios técnicos de la Dirección General de Consumo, adscritos a la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, y comenzó en el mes de octubre de 2023 cuando se procedió a la monitorización diaria de un total de 1.140 productos coincidiendo con el Black Friday.
A dos de estos grandes operadores ya se les ha abierto expediente sancionador, mientras continúa abierta la investigación al resto de empresas que habrían incurrido en esta práctica. Los operadores investigados comercializan con una amplia gama de productos (electrodomésticos, electrónica, deportes o cosmética) que pueden adquirirse en tiendas y en grandes superficies.
La iniciación de estos expedientes sancionadores no prejuzga el resultado final de la investigación. Ahora se abre un período máximo de nueve meses para la instrucción de los mismos y para su resolución por los órganos competentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
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