El PSOE denuncia que el Supremo aplicó consideraciones políticas innecesarias al rechazar la amnistía para los casos de malversación

El PSOE denuncia que el Supremo aplicó consideraciones políticas innecesarias al rechazar la amnistía para los casos de malversación

En un movimiento contundente, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha denunciado que el Tribunal Supremo español ha aplicado consideraciones políticas innecesarias al rechazar la amnistía para los casos de malversación. Según el PSOE, esta decisión demuestra un trato discriminatorio hacia los procesados por delitos de corrupción y desvirtúa el Estado de derecho. La formación política considera que la justicia española ha sucumbido a la presión política y ha priorizado la persecución política sobre la justicia social. Esta denuncia abre un nuevo frente de confrontación entre el PSOE y el poder judicial, que ya se encontraba en tensión debido a otras decisiones controvertidas.

La amnistía para los casos de malversación: el PSOE denuncia que el Supremo aplicó consideraciones políticas en su decisión

La portavoz del PSOE, Esther Peña, manifestó en una rueda de prensa en Ferraz, al día siguiente de las elecciones europeas del 9 de junio, que la decisión del Tribunal Supremo de no considerar la malversación en la financiación del referéndum del 1-O como un delito amnistiable es una consideración política, a su juicio, sorprendente e innecesaria para su labor jurisdiccional.

Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas, señalaron fuentes de la Dirección del PSOE sobre la ley de amnistía, que para el Alto Tribunal no se debe aplicar en el caso de malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras.

Por tanto, las órdenes de detención continúan vigentes para los huidos: el expresidente catalán y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.

Respeto a las resoluciones judiciales, pero discrepancia con los argumentos

Aunque los socialistas dicen mostrar su respeto a las resoluciones judiciales, a continuación discrepan de los argumentos que el Tribunal Supremo ha dado para acordarlas.

Las decisiones se recogen en dos autos, uno del instructor Pablo Llarena y otro del tribunal de la Sala de lo Penal que juzgó el procés. En el caso de esta última, ha acordado promover una cuestión de inconstitucionalidad del delito de desobediencia por el que se condenó a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa.

La voluntad del legislador

Sobre el contenido de las mismas, el PSOE defiende la voluntad del legislador recordando que el artículo 1.4 de la ley de amnistía señala que no se considera enriquecimiento la aplicación de los fondos públicos cuando no haya un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial.

Sin embargo, el TS entiende que el que se apodera de bienes ajenos -en este caso, patrimonio público- comete un delito aunque el metálico obtenido se destine a regalos a terceros, a limosna o a cualquier otra causa altruista.

El castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por 'quedarse con las cosas del otro', sino por 'quitarle a otro las cosas', puntualiza el alto tribunal.

La única voz discrepante

El único voto discrepante fue el de la magistrada Ana Ferrer que asegura que esta ley se aprobó para amnistiar exactamente los hechos por los que se condenó a Junqueras, Turull, Bassa y Romeva como autores de un delito de malversación.

La condición de no perjudicar los intereses financieros de la UE

En cuanto a la segunda condición para que los delitos de malversación sean amnistiables, que es que no perjudiquen los intereses financieros de la UE, los socialistas sostienen que en ningún momento del procedimiento intervino la Fiscalía europea porque nunca se entendió que se pudieran ver afectados estos intereses financieros.

Por la contra, el Tribunal Supremo cree que esta condición no se cumplió porque la ruptura de la integridad territorial de Europa encerró un grave peligro de afectación de los intereses financieros a los que se refiere la norma.

La confianza en el Estado de Derecho

El PSOE asegura que la confianza en el Estado de Derecho es absoluta, porque España tiene un sistema que garantiza la aplicación a sus ciudadanos de las leyes democráticamente aprobadas por las Cortes Generales.

No se cuestiona la constitucionalidad de la amnistía

Por otro lado, el PSOE considera una buena noticia que el Tribunal Supremo no cuestione ni la constitucionalidad general de la amnistía ni su compatibilidad con el Derecho de la UE.

A su juicio, el Alto Tribunal no pone en duda la capacidad de las Cortes Generales de aprobar amnistías, sino que únicamente pregunta a las partes si procede presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia.

En este sentido, el instructor Pablo Llarena, considera que los delitos de desobediencia que investiga están ubicados en el ámbito de aplicación de esta norma, por lo que ha decidido levantar la orden de detención que mantenía contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Por último, los socialistas también celebran que el Tribunal Supremo renuncie expresamente a presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE.