El Senado de Luisiana aprueba un proyecto de ley que criminaliza el uso de medicamentos abortivos.
En una decisión polémica y controvertida, el Senado de Luisiana aprobó un proyecto de ley que busca criminalizar el uso de medicamentos abortivos en el estado. Esta medida, que ha generado un intenso debate en la opinión pública, busca penalizar a aquellas mujeres que utilicen medicamentos abortivos fuera de un entorno médico autorizado. La aprobación de este proyecto de ley ha generado una gran controversia, ya que various organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han manifestado su oposición a esta medida, argumentando que limitaría el acceso a servicios de salud reproductiva y pondría en riesgo la salud y la seguridad de las mujeres. La próxima parada para este proyecto de ley será la Cámara de Representantes de Luisiana, donde se esperan nuevos debates y votaciones.
Luisiana se acerca a criminalizar pastillas abortivas
El Senado de Luisiana ha aprobado un proyecto de ley que busca agregar la mifepristona y el misoprostol a la lista de sustancias controladas, lo que haría que la posesión de estas pastillas sin receta válida u orden de un profesional sea castigada con hasta cinco años de prisión.
La Cámara de Representantes había aprobado el proyecto de ley unos días antes con 29 votos a favor y siete en contra. Ahora, el gobernador estatal, el republicano Jeff Landry, deberá firmar el texto para convertirlo en ley.
Esta norma ha sido fuertemente criticada por grupos antiabortistas y profesionales defensores de los derechos reproductivos, ya que agregaría los medicamentos abortivos a la lista de sustancias que pueden ser altamente adictivos como opioides o antidepresivos.
Para recetar sustancias controladas, los médicos necesitan una licencia especial y las autoridades realizan un seguimiento del paciente, el médico y la farmacia involucrados en cada receta.
En Luisiana, el aborto es ilegal, excepto en circunstancias muy limitadas y sin excepciones en casos como el incesto o la violación. La medida busca restringir aún más el acceso a los medicamentos abortivos.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha calificado la medida como absolutamente inconcebible y ha culpado al expresidente Donald Trump de la situación.
Esta medida forma parte de una ofensiva lanzada por varios estados controlados por el Partido Republicano contra el derecho al aborto, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara en mayo de 2022 el caso 'Roe vs Wade', lo que dio vía libre a los estados a restringir e incluso prohibir el aborto.
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