Supremo mantiene orden de detención contra Puigdemont después de publicación de ley de amnistía
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dado un plazo de cinco días a las partes personadas en la causa del procés para que se pronuncien sobre la posible aplicación de la ley de amnistía a los encausados Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira, quienes aún tienen su causa pendiente por estar huidos de la Justicia.
El juez ha comunicado a la Policía que las órdenes nacionales de detención contra todos ellos continúan en vigor. Además, tanto la Sala que juzgó la causa del procés como la instructora del caso de Tsunami Democràtic han solicitado informe a las partes personadas sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la amnistía.
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El juez Llarena ha pedido a las partes que se pronuncien sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra los encausados. Los fiscales del procés también deberán pronunciarse sobre la aplicabilidad de la ley de amnistía.
La ley de amnistía otorga al Poder Judicial la potestad de identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el legislador. En este caso, el instructor debe identificar si los encausados por el procés deben beneficiarse de la medida de gracia.
La Fiscalía del Estado tomará posición sobre la amnistía
La Fiscalía del Estado se reunirá para tratar la aplicación de la ley de amnistía. Los fiscales del procés ya habían manifestado que la malversación cometida en el procés no encajaba dentro de la medida de gracia y por tanto no es amnistiable.
La Fiscalía General del Estado, presidida por Álvaro García Ortiz, tendrá la última palabra en la aplicación de la amnistía. Si los fiscales del procés consideran que la orden recibida es contraria a la ley, podrán llevarla a debate ante la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo.
La ley de amnistía entra en vigor
La ley de amnistía ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entra en vigor de inmediato. La norma establece que los delitos cometidos durante el procés serán amnistiables, siempre y cuando no hayan causado graves violaciones de derechos humanos.
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