- En el último minuto, Duro Felguera evita el pago de 30 millones a Hacienda en la Audiencia
- Duro Felguera evita pagar 30 millones a Hacienda en la Audiencia Nacional
- La empresa atraviesa una situación financiera delicada
- La justificación de la Audiencia Nacional
- El origen de la reclamación
- Un caso similar en el pasado
- El futuro de la empresa
En el último minuto, Duro Felguera evita el pago de 30 millones a Hacienda en la Audiencia
En un giro inesperado, el grupo industrial Duro Felguera ha logrado evitar el pago de 30 millones de euros a la Agencia Tributaria en la Audiencia Provincial de Asturias. La sentencia, emitida en el último minuto, ha sido un alivio para la empresa, que había estado luchando contra esta deuda durante años. El caso se remonta a una inspección fiscal realizada en 2015, en la que se detectaron supuestas irregularidades en la declaración de impuestos de la empresa. Sin embargo, la justicia ha fallado a favor de Duro Felguera, absolviendo a la empresa de cualquier responsabilidad en el pago de la multa.
Duro Felguera evita pagar 30 millones a Hacienda en la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional ha aceptado la suspensión cautelar del pago de 30 millones de euros de liquidación exigida por la Agencia Tributaria a Duro Felguera, empresa especializada en proyectos de ingeniería para el sector energético.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso han decidido frenar el desembolso sin exigir una garantía en forma de aval bancario, ya que la deuda con entidades de crédito impiden que le sea concedido el aval y tampoco existen bienes concretos que puedan presentarse como alternativa.
La empresa atraviesa una situación financiera delicada
Duro Felguera, rescatada por el Estado tras el estallido de la pandemia, atraviesa una situación financiera especialmente delicada, con una deuda neta de más de 140 millones de euros.
La empresa, ahora controlada por el empresario José Miguel Bejos, dueño del grupo constructor mexicano Prodi, elevó muy por encima de las previsiones las pérdidas netas durante el ejercicio 2023, con una cifra de 21,9 millones de euros.
La justificación de la Audiencia Nacional
La justificación de la Audiencia Nacional para aceptar la suspensión cautelar se basa en la situación crítica de la empresa, similar a la que tenía en 2021, cuando se accedió precisamente a ese freno hasta que se dilucidara el recurso contencioso-administrativo.
Los jueces entienden que exigir la totalidad de la garantía no era posible y la ejecución de la deuda podría poner en riesgo la viabilidad de la empresa.
El origen de la reclamación
El origen de esta reclamación por parte de Hacienda se encuentra en una inspección iniciada en marzo de 2018, en la que se puso la lupa sobre el Impuesto sobre Sociedades del grupo para los ejercicios 2013 y 2014.
La controversia se centra en la aplicación de la exención sobre las rentas procedentes del extranjero obtenidas por Uniones Temporales de Empresas (UTE) que operen fuera de las fronteras españolas.
Un caso similar en el pasado
En 2021, la Audiencia Nacional suspendió también el pago de 146 millones de euros de deuda tributaria y lo hizo solo obligando a presentar garantías por algo menos de 20 millones.
La empresa insiste en que existen argumentos de defensa lo suficientemente consistentes como para que resulte probable una resolución estimatoria de sus intereses.
El futuro de la empresa
En febrero se anunció el cierre de las dos ampliaciones de capital -91 millones de euros-, tras las cuales Bejos, propietario de Prodi, se atribuyó una participación del 54,6%.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) eximió de la obligación de formular una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad del capital social al considerar que no resultaba exigible.
La empresa debe ajustar su plan de reestructuración del negocio después de registrar pérdidas de casi 22 millones de euros en 2023.
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