En un giro inesperado en el proceso judicial contra el exlíder de la organización terrorista ETA, Kantauri, declaró la quiebra en el curso de su juicio por el secuestro y asesinato del joven Miguel Ángel Blanco en 1997. Este hecho supone un nuevo capítulo en la larga y compleja historia de la lucha contra el terrorismo en España. La declaración de quiebra de Kantauri puede tener implicaciones significativas en el desarrollo del proceso judicial y los esfuerzos para hacer justicia por las víctimas de la violencia terrorista.
Kantauri, exlíder de ETA, declara la quiebra tras su procesamiento por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco
El exlíder de la organización terrorista ETA, José Javier Arizcuren, alias Kantauri, se ha declarado insolvente y ha mostrado su disconformidad con el auto por el que la Audiencia Nacional le procesó junto a otros tres dirigentes de la banda por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato en 1997 del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco.
Fuentes jurídicas han confirmado que Kantauri ha comparecido ante el tribunal para que le fuese notificado su procesamiento, acordado a finales del pasado mes de abril por el magistrado Manuel García Castellón, que considera que se dan los requisitos de la autoría mediata por su posición de dominio de la organización.
En un auto de más de 100 páginas, el juez acordó el procesamiento de los exmiembros del Comité Ejecutivo de ETA Kantauri; Mikel Albisu Iriarte, (Mikel Antza), María Soledad Iparraguirre, (Anboto), e Ignacio de Gracia Arregui, (Iñaki de Rentería).
Las fuentes consultadas explican que la declaración indagatoria de Anboto, en la que le comunicarán el procesamiento, se celebrará este miércoles. Las de Mikel Antza e Iñaki de Rentería se celebraron el pasado 13 de mayo, y ambos mostraron su oposición al citado auto.
El juez les procesó a los cuatro por los delitos de secuestro y asesinato terrorista con el agravante de alevosía, pudiendo haber impedido el asesinato de Blanco, algo que no hicieron, lo que evidenciaba una voluntad inequívoca en la producción del resultado.
Además, el magistrado impuso el pago de una fianza solidaria de dos millones de euros con los que hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que se les pudieran imponer en caso de condena.
Por otro lado, el magistrado recordaba que, al momento del asesinato, los cuatro procesados ostentaban suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización tanto como para haber podido tomar la decisión de que no se secuestrase a la víctima, como para evitar el desenlace último del secuestro.
El juez consideraba que podían haber dado al Comando Donosti la orden expresa y concreta de poner en libertad a Miguel Ángel Blanco. Además cree improbable que una acción terrorista como esa fuese realizada por un comando de ETA sin que mediase una decisión y una planificación previa, así como unas órdenes concretas y específicas, emanadas de la principal estructura directiva de ETA.
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