La Audiencia ha decidido aplazar la discusión sobre las solicitudes presentadas por los CDR para anular su juicio. Esta medida supone un nuevo giro en el proceso judicial que enfrentan los miembros de los Comités de Defensa de la República. La petición de anulación del juicio se fundamenta en argumentos legales que cuestionan la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Este aplazamiento genera expectativas e incertidumbre en torno al desenlace de este caso que ha generado gran polémica en la opinión pública. La audiencia se convierte así en un escenario clave para dilucidar el futuro de los implicados en este controvertido proceso judicial.
Suspendida vista en la Audiencia Nacional por baja de abogado en juicio de los CDR
La Audiencia Nacional ha decidido suspender la vista programada para este lunes, en la que se examinarían los argumentos presentados por las defensas de los acusados de los Comités de Defensa de la República (CDR) con el objetivo de anular su juicio por terrorismo. La suspensión se debe a la baja de un abogado que impedía la participación plena en el proceso.
Al inicio de la vista, varias defensas solicitaron el aplazamiento al encontrarse uno de los abogados en situación de baja, lo que imposibilitaba su adhesión a las peticiones planteadas por sus compañeros. Tanto la Fiscalía como la acusación popular abogaban por seguir adelante con el proceso, sin embargo, el tribunal optó por suspender la vista y posponer el estudio de los argumentos de las defensas.
Entre los argumentos presentados se destaca la ley de amnistía, recientemente aprobada por el Congreso y actualmente en trámite en el Senado. Uno de los letrados ha señalado que esta ley es una realidad inminente y ha cuestionado la continuidad del juicio dado este nuevo marco legal que podría afectar a la causa.
Las defensas han argumentado la falta de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos, alegando que no pueden ser considerados como terrorismo. La Fiscalía solicita penas de hasta 33 años de prisión para los acusados, mientras que las defensas buscan la anulación del juicio basándose en la vulneración de sus derechos.
Tras la suspensión, la abogada Eva Pous ha expresado que esta causa debería ampararse en la amnistía, aunque ha manifestado cierta desconfianza en la justicia. Uno de los acusados presentes, Eduard Garzón, ha criticado el procedimiento judicial y ha denunciado la falta de garantías en el proceso.
Este caso se enmarca dentro de las causas relacionadas con el procés que la Audiencia Nacional tiene abiertas por delitos de terrorismo, como los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic en 2019. A diferencia de otros casos, la Fiscalía considera desde el principio que los acusados de los CDR formaban parte de una facción radicalizada que planificaba acciones violentas contra sedes oficiales de Cataluña en protesta por la sentencia del procés.
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