En un nuevo revés para la empresa de tecnología Indra y sus asociados, la Audiencia ha fallado a favor de la Defensa, condenando a las partes involucradas por los retrasos en el proyecto 8x8. Esta sentencia supone un nuevo triunfo para la Defensa, que ha demostrado una vez más su capacidad para defender los intereses del Estado en este tipo de conflictos. La condena se produce después de una larga y compleja batalla judicial, en la que se han puesto de manifiesto las graves irregularidades cometidas por Indra y sus socios durante la ejecución del proyecto. Esta decisión sentará un precedente importante en la lucha contra la incompetencia y la ineficacia en la gestión de proyectos públicos.
Justicia militar condena a Indra y asociados por retrasos en el proyecto x
El Ministerio de Defensa ha obtenido un nuevo triunfo en la Audiencia Nacional en su lucha contra Indra, Sapa y Santa Bárbara, empresas asociadas en el marco del 'macro-programa' del vehículo de combate sobre ruedas 8x8.
La Sala de lo Contencioso ha rechazado los argumentos presentados por las empresas y ha confirmado la resolución que autorizaba la imposición de penalidades por los retrasos en la entrega del proyecto.
La Defensa obtiene un nuevo triunfo en la Audiencia contra Indra y sus socios
La sentencia, fechada el 8 de mayo, establece que las empresas no han cumplido con los plazos establecidos y que la complejidad del contrato no es excusa para no cumplir con los plazos.
Además, los magistrados han descartado que los pagos exigidos por la administración fueran desproporcionados y han confirmado que la falta de adscripción de recursos necesarios, carencias en su propia gestión, falta de debida celeridad en las negociaciones con subcontratistas o discrepancias internas entre las recurrentes e ineficiente gestión de riesgos son los motivos del incumplimiento.
Penalidades impuestas
En la resolución de junio de 2021, se imponían el pago de 0,20 euros por día de demora en la ejecución de cada mil euros del precio del plazo parcial incumplido (73,5 millones) a partir de una fecha de 2019 y 0,20 euros desde otra fecha de ese mismo ejercicio sobre el plazo total de 91,9 millones.
Esto supone un desembolso millonario que asciende a 14.715 euros diarios en el primer paquete y 18.393 euros en el segundo.
El contrato y sus modificaciones
El contrato asociado dentro del programa del 8x8 tenía un importe inicial de 89 millones de euros, fijando la terminación del plazo de ejecución a mediados de diciembre de 2017.
Posteriormente, se formalizaron varias modificaciones, incluyendo la integración de las últimas versiones de las estaciones de armas de control remoto en los 'demostradores' tecnológicos, lo que incrementó el precio máximo a 91,9 millones y amplió el plazo hasta noviembre de 2018.
Reacciones del Gobierno
Desde el Gobierno han mostrado recientemente su gran preocupación por los retrasos vividos en este proyecto.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya había advertido a las empresas en enero: Nos gustaría que este programa presentara en su ejecución mayores avances que los apreciados hasta la fecha.
El programa del 8x8 arrancó en la primera década de este siglo y tiene como objetivo sustituir a los obsoletos BMR. Su necesidad se puso de manifiesto en el año 2007, después de que un vehículo BMR sufriera un ataque en Líbano en el que murieron seis soldados españoles.
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