La Fiscalía evalúa que la amnistía podría beneficiar a 486 personas procesadas en 82 casos

La Fiscalía evalúa que la amnistía podría beneficiar a 486 personas procesadas en 82 casos

En un análisis exhaustivo, la Fiscalía General del Estado ha revelado que el proyecto de amnistía que se encuentra en discusión en el Congreso podría beneficiar a un total de 486 personas que se encuentran actualmente procesadas en 82 casos diferentes. Esta cifra se obtuvo tras un estudio detallado de las sentencias y procesos penales que se encuentran en curso en todo el país. La Fiscalía ha destacado que la amnistía podría ser una oportunidad para rehabilitar a aquellos que han cometido delitos menores y darles una segunda oportunidad. Sin embargo, también se han expresado preocupaciones sobre la posible impunidad que podría generar esta medida.

Fiscalía General del Estado estima que amnistía puede afectar a 82 causas penales con 486 personas encausadas

La Fiscalía General del Estado ha concluido que la amnistía puede afectar a 82 causas penales en las que están encausadas aproximadamente 486 personas. Estos son los procedimientos penales relacionados con el procés recopilados por el Ministerio Público, que sin embargo señala que no a todos puede serle de aplicación la ley de amnistía al existir delitos que no se incluyen en el texto legal.

Procedimientos centrales

Entre las causas judiciales destacadas, el Ministerio Público señala en primer lugar la causa del procés que se lleva en el Tribunal Supremo por delitos de malversación y desobediencia. También se incluyen las dos causas que dirige la Audiencia Nacional: la investigación por terrorismo a los Comités de Defensa de la República (CDR) y, por el mismo delito, a la plataforma Tsunami Democràtic.

Además, la Fiscalía incluye en su listado dos procedimientos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia, malversación y prevaricación.

Otras causas afectadas

Más allá de estos cinco procedimientos centrales, el Ministerio Fiscal ha identificado causas susceptibles de la aplicación de la amnistía en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. En concreto, se han identificado:

• Barcelona: 18 procesos correspondientes a los juzgados de instrucción y de lo Penal de Barcelona, así como causas en L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Martorell, Sant Feliú de Llobregat, El Prat de Llobregat y Vilanova y la Geltrú.
• Girona: 19 procesos, uno de ellos en la Audiencia Provincial de Girona, otros 12 en los Juzgados de Instrucción de Girona, uno en los de Bisbal d'Empoderà y cinco más en Figueres.
• Lleida: siete causas posiblemente amnistiables, todas en los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de Lleida, excepto una en los de Solsona.
• Tarragona: 12 causas amnistiables, de las cuales ochos se dirigen en los juzgados de Instrucción de la capital de provincia. Otra de ellas corresponde a los juzgados de Instrucción, dos más a los de Tortosa y el último, a los de Valls.

Posición de la Fiscalía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó hace meses a los fiscales del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y del TSJC que hiciesen un recuento de las causas relacionadas con el procés. Sin embargo, el verdadero reto para el fiscal general será coordinar la posición de la Fiscalía en las diferentes causas en las que sea posible su aplicación.

La instrucción de García Ortiz es no actuar de oficio, es decir, no pedir de motu proprio que ningún juez o tribunal estudie aplicar la amnistía a una causa concreta. Al contrario, los fiscales tienen orden de esperar a que sean los jueces o los acusados quienes pongan esta cuestión sobre la mesa.

Fiscales del 'procés' se niegan a amnistiar la malversación

Los fiscales del caso no creen que la malversación del 1-O encaje en los límites de la medida de gracia, y así se lo han trasladado este miércoles al fiscal general. Álvaro García Ortiz debe decidir si está de acuerdo con esta tesis o, en caso contrario, dar orden de informar a favor de la amnistía.

Si opta por lo segundo, es posible que los fiscales del procés se nieguen a acatar la orden y la lleven a debate en la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo. En todo caso, la conclusión de la Junta no será concluyente y García Ortiz tendrá la última palabra.

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