La Fiscalía General y las asociaciones han dado inicio a un importante proyecto al comenzar la elaboración de un nuevo Estatuto que busca fortalecer su independencia. Este paso significativo se enmarca en un esfuerzo conjunto para reforzar la transparencia y autonomía de la institución, permitiéndole cumplir con sus funciones de manera más eficaz. La colaboración entre la Fiscalía General y las diversas asociaciones refleja un compromiso compartido por promover un sistema judicial imparcial y justo. La elaboración de este nuevo Estatuto representa un avance significativo en la búsqueda de una justicia más sólida y confiable, que responda a las necesidades actuales de la sociedad. Este proceso se perfila como un hito en el camino hacia una mayor credibilidad y eficiencia en el sistema judicial.
Fiscalía General y asociaciones trabajan en nuevo Estatuto para mayor independencia judicial
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, tiene la intención de resolver un tema pendiente desde 2020: la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que ha permanecido en el ordenamiento jurídico español desde 1882. Una de las modificaciones más importantes de esta reforma radica en otorgar a la Fiscalía el control de la fase de instrucción de los procesos penales, actualmente en manos de los jueces instructores.
Por ende, se hace imperativo acompañar la ley con una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que garantice una mayor independencia de la institución. Es por ello que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha convocado a los presidentes de las tres asociaciones de fiscales para constituir un grupo de trabajo que aborde esta tarea.
Tras una reunión con las asociaciones, se ha programado un nuevo encuentro para el martes 7 de mayo. En esta cita han participado la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, el de la Unión Progresista de Fiscales, Jesús Arteaga, y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallarés. García Ortiz ha propuesto a estas tres asociaciones una metodología de trabajo y un calendario para que sean ellas, amparadas por la Fiscalía General, las encargadas de iniciar los trabajos de elaboración del nuevo Estatuto.
La reforma de la LECrim que busca aprobar el ministro de Justicia supondría una transformación en los procedimientos penales en España, alineándolos con los estándares europeos. El rol del juez instructor, que actualmente lidera las investigaciones previas a los juicios, pasaría a ser una mera garantía del proceso de instrucción, actuando como un tercero imparcial llamado a controlar la legalidad de las actuaciones.
Los fiscales asumirían la dirección de la fase de investigación, la primera de las tres etapas del procedimiento penal según el anteproyecto de ley. Además, se contempla la exclusión de los partidos políticos, las administraciones públicas y los sindicatos como acusación popular. El objetivo es adaptar el proceso penal al siglo XXI y asegurar una mayor independencia a la Fiscalía General del Estado, según lo acordado por las asociaciones de fiscales que se reunieron con el ministro y con el fiscal general.
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