La lucha por la identidad urbana: Barcelona revive un conflicto emblemático en torno a los pisos turísticos
En el corazón de la ciudad condal, Barcelona se enfrenta a un dilemma que pone en jaque la esencia de su identidad urbana. El conflicto en torno a los pisos turísticos vuelve a tomar fuerza, y con ella, la pregunta por el futuro de la ciudad. ¿Debe prevalecer la oferta turística y sus beneficios económicos, o debe protegerse la comunidad local y su derecho a vivir en un entorno digno? La lucha por la identidad urbana de Barcelona se hace más intensa, y en este artículo, exploraremos los argumentos y las consecuencias de este conflicto que divide a la opinión pública.
Barcelona revive el conflicto sobre los pisos turísticos: ¿qué futuro para los barceloneses?
La crisis de vivienda calienta el debate sobre los alquileres turísticos en Barcelona. Esta semana, la ciudad ha sido el centro mundial de un debate que otras veces han protagonizado grandes ciudades como Nueva York, San Francisco o París: el de los alquileres turísticos.
El anuncio del alcalde Jaume Collboni de eliminar los 10.101 pisos turísticos de la ciudad en cinco años ha atraído todas las miradas y ha vuelto a poner el foco en un sector acusado de potenciar (o incluso provocar) la crisis de acceso en la vivienda en todo el mundo.
Para tirar adelante su reforma, el alcalde socialista se acogerá al decreto ley aprobado por la Generalitat de Catalunya el pasado 7 de noviembre, que permite a los ayuntamientos retirar licencias, aunque su vigencia está en el aire después de que el Partido Popular presentara un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3; Disposición Transitoria Primera 1 a), Disposición Transitoria Segunda y Disposición Final Primera y Anexo del Decreto Ley de Cataluña 3/2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de los alojamientos de uso turístico.
Tanto expertos como empresarios y directivos señalan que la medida estará en la justicia los próximos años y se muestran reticentes a creer que se vaya a implementar en la ciudad, tildando el anuncio de Collboni de “político”.
La iniciativa de Collboni ha sido duramente criticada por la patronal de los apartamentos turísticos (Apartur) que vería desaparecer su negocio en un solo lustro, y apunta que el alcalde está condenando a Barcelona “a la pobreza y el paro”.
Pero la medida sí cuenta con el apoyo del Gobierno. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, defendió la medida en X (antiguo Twitter) señalándole al alcalde que “tienes todo mi apoyo en esta tarea”, mientras le daba la enhorabuena. “De esto se trata, de hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible”, aseguraba la ministra.
La ciudad de los 10.000 pisos turísticos
Los pisos turísticos en Barcelona han ido al alza durante los últimos años. El censo de la ciudad de Barcelona alcanza hasta 2022, pero desde el Ayuntamiento aseguran que la ciudad ha cruzado el umbral de los 10.000 pisos y se sitúan en 10.101 unidades que quieren “recuperar para el alquiler residencial”.
En 2019, antes del estallido de la pandemia, la cifra de alquileres turísticos en la ciudad era de 9.572 unidades. Los alquileres turísticos en Barcelona crecieron con fuerza durante la crisis inmobiliaria, pasando de 632 unidades en 2009, hasta 9.606 pisos en 2014, según datos del ayuntamiento.
El Peuat, la regulación que impera en la ciudad en materia de pisos turísticos, distribuye la ciudad en tres zonas, con restricciones más o menos duras para abrir apartamentos, dependiendo de la presión habitacional del barrio.
Un debate global
El movimiento contra los pisos turísticos se ha extendido a otras ciudades de España, pero no sólo. Desde Italia, Países Bajos, Portugal o Estados Unidos se han aplicado medidas para limitar el alquiler vacacional, aunque la patronal del sector señale que la medida en Barcelona es inédita.
Lo que más se acerca a la negativa rotunda de Collboni es la política que aprobó Nueva York el pasado año y cerró el cerco sobre Airbnb.
La OMT reclama a las ciudades con gran presión turística que gestionen sus flujos de visitantes.
El pasado septiembre, el ayuntamiento de Nueva York recortó la capacidad de actuación de empresas de alojamientos de corta estancia a través de la ley Local 18, conocida como Ley de Registro de Alquileres a Corto Plazo. Afectando por ejemplo a Airbnb, que tuvo que retirar miles de viviendas de su catálogo en Nueva York.
Con la nueva legislación, para las estancias de menos de treinta días, los anfitriones solo pueden recibir a un máximo de dos huéspedes y si ellos mismo viven en la misma casa.
Honolulú, Memphis o Palm Springs son otras ciudades estadounidenses con limitaciones propias.
En España, Canarias está trabajando en una legislación que endurezca los requisitos para abrir pisos turísticos.
El proyecto, que ha tenido modificaciones a mediados de junio, exige que, quienes quieran usar su vivienda para la corta estancia, tengan un inmueble con ciertas características y requisitos de equipamiento, aunque el sector señala que se trata de un “exterminio de estos alojamientos”.
Por ahora, los alquileres turísticos en España van al alza: en febrero de 2024, (el último dato disponible) el Instituto Nacional de Estadística (INE) registraba que estos alojamientos turísticos aumentaron un 9,2% en España respecto un año atrás, sumando 351.389 apartamentos.
Deja una respuesta