En un esfuerzo por proteger la infancia de los contenidos inapropiados, el gobierno ha decidido implementar una nueva ley de protección a la infancia que tiene como objetivo principal prohibir el acceso de menores a los enfurecidos cajones de los videojuegos. Esta medida busca garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y adolescentes, evitando que sean expuestos a contenidos violentos y dañinos que pueden afectar su desarrollo emocional y social. A continuación, se presentará un análisis detallado de esta nueva ley y sus implicaciones en la industria de los videojuegos y la sociedad en general.
Ley antibotín: el Gobierno regula el acceso a las cajas de recompensa en videojuegos
Los menores de 18 años ya no podrán acceder a las cajas de recompensa o loot boxes en los videojuegos. El nuevo anteproyecto de ley para la protección de menores de edad en entornos digitales, aprobado por el Consejo de Ministros, ha incorporado la regulación de un tipo de juego de azar que afecta especialmente a los menores de edad, incluyendo la prohibición del acceso a los mecanismos aleatorios de recompensa o su activación por parte de este colectivo.
Protección a los menores
Las cajas de recompensas son un mecanismo aleatorio de premios utilizado por empresas de videojuegos para ofrecer un acceso exclusivo a ciertos contenidos a cambio de un pago. Sin embargo, el Gobierno ha querido regularlas como lo que son: un juego de azar. El Ministerio de Consumo encabezado por Pablo Bustinduy (Sumar) revela que los menores son los principales consumidores de este tipo de productos y servicios y que casi un 24% de los jóvenes de entre 15 y 17 años adquirieron cajas botín en el último año.
Por ello, el Ministerio de Consumo se ha unido al Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por la ministra Sira Rego (también de Sumar), para atajar un problema interseccional a ambos departamentos.
Qué prohíbe (y qué no) el anteproyecto
El artículo 5 del Anteproyecto dispone una prohibición general de acceso y activación de las loot boxes por parte de menores de edad. Sin embargo, la norma deja la puerta abierta a establecer excepciones en las que se flexibilice la restricción, siempre que se garantice la protección a la infancia.
La regulación se aplicará a aquellos mecanismos que reúnan estas tres características: un precio por la activación, la presencia del elemento del azar y el establecimiento de recompensas que puedan ser objeto de intercambio entre las personas usuarias o convertibles en moneda de curso legal.
Cumplimiento de la prohibición
La prohibición se hará cumplir por medio de dos pilares principales: sanciones a las empresas de videojuegos que no prohíban la activación de las loot boxes por parte de los menores y el refuerzo de los métodos de verificación de identidad.
El director general de Ordenación del Juego, del Ministerio de Consumo, Mikel Arana, detalla que las cuantías de las multas es un tema aún por abordar. Sin embargo, cabe destacar que en 2022, el Ministerio de Consumo que entonces dirigía Alberto Garzón elaboró un anteproyecto de ley que incluía, entre otras medidas, sanciones que irían desde los 25.000 euros hasta los tres millones en los supuestos más graves, bajo la inspección de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).
Vulnerabilidad de los menores
Existe una vulnerabilidad biológica en los menores que los convierte en los principales consumidores de loot boxes. José Antonio Tamayo Hernández, psicólogo sanitario de Activa Psicología, cuenta que la falta de maduración completa de la corteza prefrontal de su cerebro, aún en desarrollo, los hace más propensos a la impulsividad y a tomar decisiones sin considerar completamente las consecuencias a largo plazo.
Los menores también son perfiles más influenciables a aquellos elementos que animan a acceder a las cajas de recompensa, como puede ser la publicidad, y el estímulo que reciben al obtenerlas es mayor en esas edades: Pueden ser más susceptibles a la emoción de la recompensa aleatoria.
Objetivos de la regulación
Con esta regulación, se blindará el acceso de los menores a las cajas de recompensa, aunque siguen quedando pasos por dar en esta materia. El Ministerio de Consumo persigue que se establezca una serie de garantías para el resto de jugadores y que se obligue a las empresas de videojuegos a ser transparentes con los procedimientos utilizados detrás de esta práctica.
En definitiva, que el vacío legal en torno a esta práctica llegue a su fin.
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