En un llamado urgente a la acción, La Plena Inclusión ha instado al Gobierno a proporcionar recursos efectivos para implementar la Estrategia Estatal de Cuidados, una iniciativa que busca garantizar el bienestar y la atención integral a las personas con discapacidad y dependencia. Según la organización, la falta de financiamiento adecuado y la falta de apoyo político han obstaculizado el avance de esta estrategia, lo que ha generado una situación de vulnerabilidad para miles de personas que requieren atención y cuidado. Es hora de que el Gobierno asuma su responsabilidad y brinde los recursos necesarios para garantizar el éxito de esta iniciativa.
Plena Inclusión pide al Gobierno recursos para la Estrategia Estatal de Cuidados
La confederación estatal de asociaciones que defienden los derechos de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, Plena Inclusión, ha pedido al Gobierno que dote con recursos la nueva Estrategia Estatal de Cuidados para garantizar la vida independiente y en comunidad.
Según la presidenta de Plena Inclusión España, Carmen Laucirica, el cambio que se propone hacia un nuevo modelo de cuidados implica también reformar la Ley de Dependencia, garantizando la continuidad de proyectos que ponen en el centro la vida independiente y los apoyos en la comunidad a las personas con discapacidad intelectual.
Un cambio de paradigma en el modelo de cuidados
Para Plena Inclusión, se trata de un cambio de paradigma en el modelo de cuidados para transformar los sistemas de apoyo y cuidado que se ofrecen a las personas que viven situaciones de dependencia, vulnerabilidad o exclusión.
La confederación estatal destaca que avanzar en estrategias de desinstitucionalización supone garantizar la financiación de proyectos como 'Mi Casa: una vida en comunidad', una experiencia exitosa de pisos de vida independiente y en comunidad para personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo.
Desafíos para la Estrategia Estatal de Cuidados
Plena Inclusión subraya que uno de los retos estratégicos que enfrenta desde hace una década es asegurar que el proyecto de vida de cada persona esté conectado con su entorno social de referencia.
Nos preocupa la fragilidad de la financiación y la rigidez normativa, porque se convierten en obstáculos para un proceso transformador, agregó Carmen Laucirica.
Derecho a una vida digna y elegida
La confederación estatal abogó por que el derecho básico a una vida digna, elegida y en el contexto al que cada persona pertenece, cuente con los apoyos necesarios.
Plena Inclusión subraya que la desinstitucionalización y este nuevo modelo de apoyos permiten avanzar en el mandato constitucional recogido en la reciente reforma del artículo 49 de la Carta Magna.
Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad
La confederación estatal recuerda que, para las cerca de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que residen actualmente en España, siguen estando vigentes los principios defendidos en la Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Dicho tratado internacional, que España ratificó en 2007, marca en su artículo 19 como horizonte irrenunciable la defensa del derecho de todas estas personas a vivir de forma independiente, en un contexto de interdependencia y participando del día a día de sus barrios y pueblos.
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