La polémica rodeando a Escrivá obstaculiza la renovación de la Comisión Nacional de Competencia y la implementación de la Comisión Nacional Electoral

La polémica rodeando a Escrivá obstaculiza la renovación de la Comisión Nacional de Competencia y la implementación de la Comisión Nacional Electoral

La controversia en torno a la figura de Escrivá ha generado un obstáculo insalvable para la renovación de la Comisión Nacional de Competencia, órgano clave en la regulación del mercado y la promoción de la libre competencia en el país. Además, esta polémica también está frenando la implementación de la Comisión Nacional Electoral, lo que puede tener implicaciones gravísimas en la estabilidad democrática del país. La falta de consenso en torno a la figura que debe liderar estas instituciones clave ha generado un bloqueo que impide avanzar en la renovación y la implementación de estas instituciones fundamentales para el correcto funcionamiento del Estado.

La polémica rodeando a Escrivá paraliza la renovación de la CNMC y la CNE

La designación de José Luis Escrivá como posible nuevo gobernador del Banco de España ha generado una gran polémica que amenaza con bloquear los cambios pendientes en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los que están por venir en la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

El Gobierno trabaja en el proyecto de ley de la CNE, pero Escrivá es un obstáculo

La CNMC espera renovación, pero la designación de Escrivá como gobernador del Banco de España paraliza cualquier nombramiento en Competencia, aseguran fuentes políticas. La renovación de la CNMC se encuentra en un punto muerto debido a la polémica que rodea a Escrivá.

En la CNMC, la mitad de su consejo tiene pendiente de renovación. En total son diez miembros y, actualmente, debe nombrarse a un vicepresidente (por fallecimiento) y a cuatro consejeros. Dos de ellos por cese por terminación de mandato en julio y septiembre de 2023 (María Ortiz y Pilar Canedo) y otros dos por tener el mandato ordinario vencido desde septiembre de 2023 (Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea Garai), que deberían ser sustituidos por nuevos consejeros, pero que siguen ejerciendo su cargo.

Por su parte, el proyecto de ley de restablecimiento de la CNE se encuentra en una situación similar. El Gobierno trabaja para elevar a Consejo de Ministros este septiembre el proyecto de ley para su posterior remisión a las Cortes Generales, pero la polémica que rodea a Escrivá puede embarrar el proceso.

La CNMC espera renovación, pero la designación de Escrivá como gobernador del Banco de España

La CNMC tiene la obligación legal de rotar entre las salas. Sólo se exime a la presidenta (que por ley es la presidenta del Pleno y de la Sala de Competencia) y al vicepresidente (que por ley es el presidente de la Sala de Supervisión Regulatoria). De esta forma, los nuevos consejeros al entrar son asignados a una u otra sala por el pleno y se acuerda su rotación una vez a lo largo de su mandato por el pleno en aplicación de las reglas generales de rotación.

El proyecto de ley de la CNE prevé la creación de un consejo que estará integrado por siete miembros: el presidente, el vicepresidente y cinco consejeros, que tendrán un mandato de seis años sin posibilidad de reelección. Sin embargo, la polémica que rodea a Escrivá puede afectar la designación de los consejeros de la CNE.

La contienda será ahora política por los asientos del consejo, una situación que ya se vivió en 2020 con la renovación de Competencia, en la que Moncloa dio entrada a Unidas Podemos en los reguladores. Ahora lo que quieren los partidos es que se concrete cómo será la designación de consejeros y si se dará continuidad a los que han demostrado su independencia respecto a cualquier Ejecutivo.

Otra cuestión que señalan clave es si un consejero de la CNMC que pase a la CNE -si es que esto sucede- lo hará con el contador a cero o se le computarán los años en actual regulador. En la nueva CNE, el mandato de los consejeros será de seis años sin posibilidad de reelección, mientras que la renovación se hará parcialmente cada tres años.

El nombramiento corresponderá al Gobierno mediante Real Decreto y a propuesta de la persona titular de Transición Ecológica, con una experiencia mínima de cinco años en materias relacionadas con los sectores objeto de supervisión. Antes deberán comparecer ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, aunque a este punto suelen llegar con los votos asegurados.

La vuelta de la CNE más de una década después -nació en 1995 y el PP la integró en la CNMC en 2013- sacudirá de lleno el organismo que preside Cani Fernández. Según recoge el anteproyecto de ley, la CNMC debe traspasar a la CNE la Dirección de Energía, incluido su personal directivo, así como el personal y los medios del resto de órganos directivos que vienen desempeñando y/o dando soporte a las funciones que la nueva ley encomendará a la CNE, incluyendo en todo caso los bienes inmuebles.

En su informe al anteproyecto de ley, Competencia pidió una mayor autonomía para la futura CNE. Propone que se le dote de una mayor capacidad de autoorganización, de más autonomía financiera y presupuestaria, y de participación en los procesos normativos de atribución de nuevas funciones.

La CNMC, que asegura que en los últimos años ha asumido funciones de supervisión para combatir el impacto de los precios en el cliente y de tramitación de subvenciones, reclama que en el futuro la atribución de nuevas funciones a la CNE exija, independientemente del instrumento normativo, la emisión de un informe preceptivo y no vinculante por parte de la autoridad de regulación.

El anteproyecto de ley prevé también la creación del Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas (FGLSEG), para gestionar los ingresos y pagos correspondientes a las liquidaciones de peajes, cargos, cánones, precios y retribuciones reguladas de los sectores eléctrico y gasista, así como las transferencias previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para estos sectores.