Las CCAA tienen un mes de plazo para resolver ayudas al autoconsumo por casi 1.000 millones

Las CCAA tienen un mes de plazo para resolver ayudas al autoconsumo por casi 1.000 millones

El Ministerio de Transición Ecológica ha otorgado a las Comunidades Autónomas (CCAA) un plazo de un mes para resolver las ayudas destinadas al fomento del autoconsumo eléctrico en España. Esta medida forma parte del plan de impulso a la transición energética y tiene como objetivo apoyar a los ciudadanos y empresas que desean generar su propia energía a través de instalaciones fotovoltaicas o eólicas. El presupuesto total asignado para estas ayudas asciende a casi 1.000 millones de euros, una cifra significativa que permitirá a las CCAA impulsar la demanda de energía renovable y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Las CCAA tienen un mes para resolver ayudas al autoconsumo por casi 1.000 millones

El plan de ayudas para instalar autoconsumo, renovables térmicas en el sector residencial y almacenamiento detrás del contador llegó a su fin a finales del año pasado, pero las comunidades autónomas ganaron un plazo extra para resolver los expedientes ante la complejidad del trámite -que han denunciado tanto administración como usuarios-. En concreto, los gobiernos regionales gozan hasta el 31 de julio del marco jurídico necesario para poder seguir gestionando las peticiones de ayudas que están pendientes.

Coordinación y seguimiento del programa de autoconsumo

La coordinación y seguimiento del programa de autoconsumo corresponde al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, pero son la comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla las responsables de la gestión. También eran ellas las que lanzaron sus propias convocatorias con sus especificidades. Es decir, que son las CCAA las responsables de gestionar los expedientes y realizar los pagos a los consumidores.

Datos del IDAE

Los datos que publica el IDAE aportados directamente por las CCAA, consultados por La Información, reflejan que se han resuelto concesiones por importe de 1.045 millones de euros al cierre de este artículo a última hora del jueves, frente a los 1.997 millones que les han sido asignados, lo que supone que todavía faltan por repartir 952 millones de euros. También quedan 42 millones de euros de presupuesto adicional pendiente de asignación a las autonomías.

El plan de ayudas

El plan de ayudas se lanzó a finales de junio de 2021. El plan ha sido, junto al de ayudas a la compra de coches eléctricos, uno de los más populares y que al mismo tiempo más quejas ha generado. Además, justo antes de cerrarse el plazo de presentación de solicitudes creó bastante revuelo tras que determinadas comunidades autónomas se negaran a solicitar la ampliación de fondos ante el desbordamiento y la dificultad de la gestión de las ayudas, aunque acabaron dando marcha atrás.

La burocracia vuelve a ser un lastre

El plazo adicional para intentar desatascar el tapón burocrático se introdujo en el Real Decreto 1178/2023, de 27 de diciembre, por el que se modifica la normativa reguladora y se adaptan al marco europeo de ayudas de Estado determinados programas de ayudas de rehabilitación energética y energías renovables del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Ventajas fiscales

Los contribuyentes podrán amortizar libremente inversiones en instalaciones energéticas también durante este año. En concreto, deben estar destinadas al autoconsumo eléctrico y también pueden ser de uso térmico para el consumo propio, siempre y cuando utilicen fuentes renovables y sustituyan a otras que funcionen con combustibles fósiles. Se permite la libertad de amortización en el Impuesto sobre Sociedades para las inversiones en instalaciones de autoconsumo de energía renovable o de sustitución de energía fósil con un límite de 500.000 euros por inversión.

De este modo, las empresas que apuesten por instalar placas solares fotovoltaicas para generar su propia electricidad podrán beneficiarse de un incentivo fiscal con el que determinar de manera libre el ritmo de depreciación de sus activos fijos.