El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que tomará medidas concretas para modificar la ley de incompatibilidades de altos cargos después de la polémica generada por el caso del exviceconsejero de Salud. Esta decisión surge tras las acusaciones de conflicto de intereses que han salpicado al exalto cargo, provocando una controversia que ha puesto en entredicho la transparencia y ética en el ejercicio de cargos públicos. Moreno ha afirmado que la transparencia y la prevención de conflictos de intereses serán pilares fundamentales en la reforma de la ley, con el objetivo de garantizar la integridad y la ética en el desempeño de altas responsabilidades en la administración pública.
Moreno promete modificar ley de incompatibilidades tras polémica con exviceconsejero de Salud
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado la necesidad de reformar la actual Ley de Incompatibilidades de los Altos Cargos andaluces, en vista del caso del exviceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán y su intención de fichar por una aseguradora privada.
Juanma Moreno ordena renovar ley de incompatibilidades de altos cargos en Andalucía
El mandatario andaluz ha dado instrucciones a su consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, para impulsar la renovación de la normativa vigente, la cual presenta deficiencias detectadas en una ley considerada un tanto extraña y no completa.
La reforma propuesta por Moreno contempla dos posibles caminos: reducir los periodos de incompatibilidad actualmente establecidos en dos años o equiparar la ley autonómica a la estatal, que fija los mismos dos años de incompatibilidad pero con cesantías permanentes, a diferencia de Andalucía, donde la cesantía es de cuatro meses.
El presidente de la Junta ha defendido la necesidad de clarificar y hacer más transparente el proceso de retorno desde la Administración pública al sector privado, garantizando rigurosidad y enriquecimiento mutuo. En este sentido, ha destacado que, hasta el momento, no se ha identificado ningún caso grave entre los 300.000 empleados de la Junta.
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