En un intento por frenar la especulación inmobiliaria y garantizar la estabilidad para los inquilinos, el partido político Podemos ha propuesto una reforma legislativa que busca ampliar la duración de los contratos de alquiler hasta 10 años. Esta medida tiene como objetivo principal proteger a los inquilinos de los continuos aumentos de alquiler y de la inestabilidad que caracteriza el mercado inmobiliario actual. Según Podemos, esta reforma permitirá a los inquilinos planificar su futuro con más certeza y tranquilidad, y frenará la especulación de los propietarios que buscan maximizar sus ganancias a costa de los arrendatarios.
Podemos lanza una propuesta para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el derecho a la vivienda
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la secretaria Política de Podemos, Irene Montero, presentaron este sábado una proposición de ley contra la especulación inmobiliaria y con medidas para garantizar la vivienda como derecho ante la grave emergencia habitacional que atraviesa España.
La formación morada ha presentado como principales ejes legales la ampliación a 10 años de la duración mínima de los contratos de alquiler (12 años en el caso de que el propietario sea una persona jurídica) y la imposición de un límite del 2% a las viviendas turísticas sobre la oferta residencial total.
Podemos ha enmarcado que la situación de la vivienda en España se ha agravado por las subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), que se encuentran ahora en el 4,5%, las compras de inmuebles por parte de 'fondos buitre' y la proliferación de los alquileres turísticos.
Asimismo, desde la formación han aducido que esta propuesta se inspira en una ley holandesa, en concreto, la Ley de Protección de Compra y Alquiler Temporal, aprobada en 2022 y que ha logrado reducir las operaciones especulativas.
Los excesos en el alquiler turístico y de temporada, en el punto de mira
Ligado a esta iniciativa legal, Podemos ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe de inmediato para garantizar un derecho constitucional y para atajar la crisis habitacional que está ahogando a millones de familias.
Por otra parte, la proposición también recoge como medidas la congelación de precios de los alquileres durante toda la legislatura, la autorización a entes locales para que puedan prohibir la compra de viviendas cuando sea para fines distintos a la residencia y la imposición de un gravamen para evitar el flipping (operaciones de compraventa especulativas a corto plazo).
Además, Podemos pretende fijar la obligación para los grandes tenedores de sacar en alquiler social el 50% de sus propiedades; en el caso de la Sareb (conocido como el 'banco malo'), este porcentaje aumentaría hasta el 75%.
La formación espera que esta proposición de ley contribuya a frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el derecho a la vivienda en España.
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