En un histórico movimiento de unidad, más de 300 familias españolas se han unido para reclamar justicia y exigir al Estado la devolución de los ahorros confiscados durante la dictadura de Francisco Franco. A lo largo de décadas, miles de españoles vieron cómo sus ahorros y propiedades eran incautados por el régimen franquista, dejándolos sin nada. Ahora, estas familias han decidido unirse para luchar por sus derechos y recuperar lo que les fue arrebatado. La lucha por la justicia ha comenzado, y no se detendrá hasta que se haga justicia histórica.
Familias luchan por recuperar ahorros confiscados por Franco
Después de casi 20 años de lucha, más de 300 descendientes de republicanos expoliados por el franquismo han iniciado los trámites para reclamar compensaciones económicas invocando la Ley de Memoria de 2022, que por primera vez los reconoce como víctimas.
Lídia y Joaquim, nietos de republicanos a quienes Franco requisó sus ahorros por ser dinero rojo emitido por la República, son dos de ellos. Junto a otras 300 familias expoliadas, han presentado ya sus reclamaciones en base al artículo 31 de la ley de Memoria Democrática de 2022, que abre la puerta a que el Estado repare también a las víctimas económicas.
La herencia estropeada
Las incautaciones del llamado dinero rojo, con el que Franco pretendía financiar su gobierno tras la Guerra Civil, se basaban en un decreto del bando sublevado que consideraba ilegal la moneda emitida por el Banco de España tras el golpe, por lo que se prometía canjearlo por billetes válidos. En la mayoría de casos, nunca se devolvió.
Los títulos que las autoridades franquistas entregaron a los abuelos de Lídia y Joaquim a cambio del dinero intervenido y que, desde entonces, siguen depositados en el Banco de España, son un documento que no llega a una cuartilla, con la rúbrica Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo y el detalle de la suma entregada, especificando el tipo de billetes o monedas intervenidos.
La lucha por la justicia económica
A través del bufete Vosseler Abogados, los descendientes de familias republicanas a quienes entre los años 1938 y 1941 el franquismo incautó sus ahorros, han presentado ya sus reclamaciones. La Dirección General de Memoria Democrática ha nombrado tres comisiones científicas, integradas por especialistas de la Real Academia de Historia, con el encargo de llevar a cabo una auditoría que establezca una estimación justa y equitativa del valor que el dinero incautado tendría en la actualidad.
La abogada Leire López, que representa a las familias afectadas, cree que es fundamental considerar que no se les requisó el dinero que llevaban en el monedero para la compra, sino ahorros que habrían servido para comprar viviendas u otras cosas de extraordinario valor.
Un gran número de víctimas
Los 300 afectados a quienes representa Vosseler Abogados suponen, según López, el grueso de víctimas acreditadas de las incautaciones del franquismo, aunque los historiadores apuntan a que la cifra real podría ser mucho más elevada a juzgar por el número total de títulos que constan expedidos.
Muchos de esos títulos se perdieron, porque los descendientes de los afectados no sabían qué eran y los destruían. En realidad, pocas familias han guardado ese papel como un documento valioso.
La ley de Memoria Democrática solo reconoce como víctimas de los descendientes directos de los expoliados, hasta el cuarto grado de consanguinidad. Sin esos lazos de parentesco, el título no tiene valor alguno ni aunque se haya recibido en herencia.
Ahora, los descendientes de las familias expoliadas esperan que el Estado les devuelva lo que les corresponde. Como dice Lídia, Si cobramos, te compraré una muñeca.
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