En un giro inesperado, el Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud presentada por el presidente de la Audiencia Nacional, García Ortiz, quien pretendía impedir que un grupo de jueces determinara su futuro en el cargo. La decisión del alto tribunal califica la solicitud de 'inaceptable', lo que significa que los jueces originales seguirán evaluando el caso y decidirán sobre el futuro del presidente de la Audiencia Nacional. Esta resolución ha generado un gran impacto en el ámbito judicial, ya que se considera un revés importante para García Ortiz y su equipo.
El Supremo rechaza la petición del fiscal general García Ortiz y mantiene a los jueces que investigarán su futuro como fiscal general
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de apartar a los jueces que investigarán su futuro como fiscal general. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) había recurrido ante el Supremo el nombramiento de García Ortiz como fiscal general del Estado, y el recurso fue admitido a trámite y quedó en manos de cinco magistrados.
De estos magistrados, cuatro habían acusado a García Ortiz de desviación de poder a finales de 2023. Sin embargo, García Ortiz los recusó ante el Tribunal Supremo, alegando que no eran imparciales y por tanto no debían participar de la decisión. No obstante, el tribunal ha rechazado apartarlos porque la petición del fiscal general llegó fuera de plazo. Además, el Supremo considera que los argumentos de García Ortiz son endebles y de escasa consistencia.
El contexto
La controversia autour de García Ortiz comenzó cuando ascendió a su antigua jefa, la ex fiscal general Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera. Delgado, tras abandonar el Ministerio de Justicia y ser nombrada fiscal general, nombró a García Ortiz como número dos. Cuando Delgado dejó el cargo en 2022 debido a un problema de salud, García Ortiz fue nombrado fiscal general.
Posteriormente, García Ortiz decidió ascender a la fiscal de 'La Manada' a la Fiscalía Togada del Supremo, lo que generó una gran polémica. El Supremo sentenció que la finalidad de aquel nombramiento era asegurar a doña Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideró que García Ortiz no era idóneo para renovar el cargo. Como consecuencia, la APIF decidió recurrir el nombramiento ante el Tribunal Supremo. También se presentó una querella contra el fiscal general, acusándolo de desviación de poder y posible delito de prevaricación.
El fiscal general recusó a cuatro de los cinco magistrados del tribunal que debían decidir si aceptaban el recurso de APIF. Sin embargo, el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Eduardo Calvo, ha decidido no admitir a trámite la recusación por ser extemporánea.
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