La Comisión Europea toma medidas provisionales contra España por el uso indebido de contratos temporales en la administración pública

La Comisión Europea toma medidas provisionales contra España por el uso indebido de contratos temporales en la administración pública

En un movimiento contundente, la Comisión Europea ha decidido tomar medidas provisionales contra España debido al uso indebido de contratos temporales en la administración pública. Esta decisión tiene como objetivo proteger los derechos de los trabajadores y garantizar la igualdad de oportunidades en el mercado laboral. Según la Comisión, España ha incumplido con las normas europeas en materia de empleo, al utilizar de manera abusiva los contratos temporales en lugar de ofrecer empleos estables y seguros. Esta medida provisional es un llamado de atención para que España ajuste su política laboral y cumpla con las obligaciones establecidas por la legislación europea.

La Comisión Europea toma medidas contra España por uso indebido de contratos temporales en la administración pública

La Comisión Europea ha decidido abrir un expediente contra España por no proteger suficientemente a los trabajadores del sector público contra el uso abusivo de sucesivos contratos de duración determinada. Esta decisión se basa en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, que exige que los Estados miembros introduzcan medidas para prevenir y, en caso necesario, sancionar los abusos mediante sucesivos contratos de trabajo de duración determinada.

Según la Comisión, la legislación española no incluye tales medidas para determinados tipos de relaciones laborales de duración determinada en el sector público. Por ejemplo, independientemente de que un empleado con contrato de duración determinada haya sido contratado por 20 o por 30 años, la indemnización es la misma. Además, un empleado que, después de haber trabajado 20 años con una sucesión de contratos de duración determinada, dimite por cualquier motivo, como aceptar otro trabajo o cuidar de un miembro de la familia, no tendrá acceso a ninguna indemnización, aunque un tribunal declare abusiva esa sucesión de contratos de duración determinada.

Bruselas critica a España por no proteger suficientemente a trabajadores interinos en el sector público

Según los últimos datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE), de los casi tres millones de trabajadores públicos, más de 755.000 tienen un estatus de funcionario interino. La Comisión Europea considera que las nuevas normas nacionales adoptadas por España en 2015 no abordan suficientemente los problemas detectados, en particular en lo que respecta a la eficacia de las medidas sancionadoras.

Por lo tanto, la Comisión envía una carta de emplazamiento adicional a España, que dispone ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias planteadas por la Comisión. A falta de una respuesta satisfactoria, el Ejecutivo comunitario podría decidir emitir un dictamen motivado.

Este tema es particularmente relevante para España, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló a favor de transformar en fijos a los funcionarios interinos que acumulan contratos temporales en fraude de ley el pasado mes de junio. Sin embargo, el Gobierno español no ha reaccionado debidamente al procedimiento abierto por Bruselas.

No obstante, en 2021 se puso en marcha un proceso de estabilización de interinos para reducir la temporalidad en el sector público, que todavía roza el 30%. Según el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, se ha cumplido el 75% de las regularizaciones propuestas para este año (unas 300.000).