El juez ordena la identificación de los responsables de la operación de la Guardia Civil en Barbate en la que fallecieron dos agentes
En un hitó para la justicia española, un juez ha ordenado la identificación de los responsables de la operación fallida de la Guardia Civil en Barbate, que culminó con la trágica muerte de dos agentes. La decisión judicial busca esclarecer las circunstancias que rodearon el incidente, que conmocionó al país hace algunos años. La investigación busca determinar si hubo negligencia o errores graves en la planificación y ejecución de la operación, lo que llevó a la pérdida de vidas de los agentes. El objetivo es establecer responsabilidades y evitar que incidentes similares se repitan en el futuro.
Juzgado ordena identificar a responsables de operación de la Guardia Civil en Barbate
El Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha rechazado la petición de la Fiscalía de archivar las diligencias abiertas para depurar posibles responsabilidades penales de los mandos de la Guardia Civil que ordenaron el operativo en el que dos agentes murieron al ser embestidos por una narcolancha.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que interpuso la denuncia por la que se abrieron estas diligencias y cuya personación en el sumario como acusación popular ha sido aceptada por el juzgado, ha informado que el juzgado ha desestimado la petición de la Fiscalía de archivar las diligencias y, por el contrario, ha acordado la práctica de diligencias de investigación.
En concreto, el juzgado ha ordenado que la Dirección General de la Guardia Civil informe sobre la cadena de mando seguida, con identificación de sus personas, que dio finalmente la orden a los agentes de la Guardia Civil de entrar en el agua con la patrullera el día 9 de febrero de 2024.
Además, el juzgado ha acordado la incorporación a los autos de las declaraciones prestadas ante el juzgado por los guardias civiles supervivientes, que viajaban con los dos agentes fallecidos en la lancha que sufrió las embestidas de las narcolanchas en el puerto de Barbate cuando iban a identificar a sus tripulantes.
En aquellas declaraciones, los guardias civiles manifestaron las inaceptables condiciones de seguridad y de falta de medios con las que se enfrentaron a las narcolanchas.
La AUGC recuerda que la prevención de los riesgos laborales es un derecho de todos los miembros de la Guardia Civil y una obligación principal para quienes ejercen el mando y conducen las operaciones.
La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) también se sumó a estas acusaciones y denunció por un presunto delito de homicidio por imprudencia y delitos de lesiones graves al general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y al coronel jefe de la Comandancia de Cádiz como responsables de aquel operativo.
Estas diligencias se hacen en paralelo a las que el mismo juzgado desarrolla para identificar a los tripulantes de la narcolancha que acometió la fatal embestida, causando la muerte de Miguel Ángel González y David Pérez.
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