En un llamado a la justicia y la reparación, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha exigido al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que otorgue una reparación económica a las víctimas con discapacidad que fueron sometidas a esterilizaciones forzosas en España. Esta práctica, considerada una grave violación de los derechos humanos, fue llevada a cabo durante décadas y ha dejado un legado de dolor y sufrimiento para aquellos que la sufrieron. Ahora, el Cermi busca que se haga justicia y se brinde una compensación económica a las víctimas y sus familiares, en un esfuerzo por reparar el daño causado y garantizar que estos hechos no se repitan.
Cermi exige reparación económica a víctimas de esterilizaciones forzosas
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado al Gobierno, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que instrumente legalmente un mecanismo de reparación económica a las víctimas con discapacidad, fundamentalmente mujeres, de esterilizaciones forzosas.
Así lo ha demandado el Cermi en su documento de alegaciones al anteproyecto de Ley de modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, que se encuentra en estos momentos en fase de consulta pública previa.
Una reivindicación histórica
Recogiendo una reivindicación de la Fundación Cermi Mujeres, el Cermi traslada a Derechos Sociales que, una vez lograda la derogación de las esterilizaciones forzosas, es el momento de abordar ya la reparación económica, en cuantía suficiente al daño causado, a las víctimas que la sufrieron, y esta iniciativa legislativa en curso es el marco normativo adecuado para este propósito.
Para el Movimiento Cermi no basta con haber desterrado del Código Penal esta “aberración jurídica”, sino que es necesario culminar este proceso y que el Estado indemnice convenientemente a las víctimas, tras la confección del correspondiente censo de personas afectadas.
Un precedente internacional
Recuerda que otros Estados, como Suecia, que también regularon y aplicaron las esterilizaciones forzosas a personas con discapacidad, han establecido medidas de reparación una vez esta práctica nociva fue eliminada de su ordenamiento jurídico.
El Cermi insta al Gobierno a que siga el ejemplo de estos países y establezca un mecanismo de reparación económica para las víctimas de esterilizaciones forzosas en España.
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