En un importante paso hacia la transparencia y regulación del sector de cuidado para personas mayores en España, el Gobierno ha llevado a cabo el primer censo de residencias, revelando datos significativos. Según el informe, se ha determinado que el 75% de los centros para personas mayores son privados, lo cual plantea interrogantes sobre la accesibilidad y calidad de los servicios ofrecidos en dichas instituciones. Esta revelación subraya la necesidad de una mayor supervisión y control por parte de las autoridades competentes para garantizar el bienestar y la protección de nuestros mayores. El panorama actual refleja una clara predominancia de la gestión privada en este ámbito, lo que sin duda requerirá medidas y políticas que promuevan un equilibrio adecuado entre lo público y lo privado en el cuidado de nuestros ancianos.
El 75-80% de las residencias para mayores en España son privadas, revela censo oficial
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado el primer censo de residencias en España, revelando que entre el 75 y el 80% de las residencias son de titularidad privada. Este análisis, que debía publicarse en 2022 pero se retrasó, proporciona información crucial sobre la situación de la atención residencial en el país.
Según la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, la falta de datos en este ámbito se evidenció durante la pandemia de Covid-19, subrayando la importancia de este censo para identificar las políticas públicas necesarias.
La privatización de los centros residenciales es una tendencia en aumento, con datos que muestran que solo el 25% de las residencias de mayores son públicas, y un preocupante 80% de las destinadas a personas con discapacidad son de titularidad privada.
En cuanto a las plazas, se han contabilizado 381.514 para personas mayores y 49.435 para personas con discapacidad. La mayoría de los usuarios de residencias son mujeres, con un alto porcentaje de trabajadores también feminizados en el sector.
El Gobierno impulsa un nuevo modelo de residencias que busca promover la desinstitucionalización y servicios residenciales de calidad, aunque aún queda un largo camino por recorrer para lograr un acceso universal a estos servicios.
Uno de los aspectos preocupantes que destaca el censo es la baja accesibilidad de los centros residenciales, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad, incumpliendo normativas europeas que garantizan entornos inclusivos y adaptados a las necesidades de todos los usuarios.
Conclusiones
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