En un golpe de efecto, la Fiscalía Europea ha decidido solicitar la asunción del caso Koldo, retirándole la investigación a la Fiscalía española y al juez Moreno. Esta solicitud supone un giro inesperado en la investigación del caso, que ha generado gran interés y controversia en los últimos meses. La Fiscalía Europea considera que la investigación no ha sido llevada a cabo de manera imparcial y transparente, lo que ha llevado a la solicitud de asumir el caso. Esto plantea serias dudas sobre la capacidad de las instituciones españolas para investigar de manera eficaz y justa.
La Fiscalía Europea pide asumir el caso Koldo, retirándole la investigación a la Fiscalía española
Un nuevo paso en la lucha contra el fraude en la Unión Europea. La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ha anunciado que reclama asumir la investigación sobre la adquisición de mascarillas en España durante la pandemia de covid, que salpica directamente al exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, así como a varios ministerios y a los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares.
Un caso de corrupción en la adquisición de mascarillas
El caso tiene que ver con un posible fraude relacionado con la adjudicación de contratos adjudicados por los servicios de Salud de Baleares y Canarias a una misma empresa para la adquisición de material sanitario, incluyendo mascarillas, durante la pandemia, según la EPPO. Desde la Fiscalía europea aseguran que se da este paso teniendo en cuenta el elevado interés público que suscita el asunto.
Unificar todas las investigaciones
El objetivo es unificar todas las investigaciones. La Fiscalía europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo, resumen.
La EPPO es una institución independiente en la Unión Europea que es responsable de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la UE así como de otras infracciones penales indisociablemente vinculadas. Este caso se implica directamente bajo ese paraguas porque afectaría al uso de los fondos de recuperación aprobados a nivel de la UE en el año 2020, justo en lo más duro de la crisis sanitaria.
La Fiscalía europea asume el caso
Una vez que la Fiscalía europea asuma el caso, siempre que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acepte la petición, este dejará de estar en manos de la Fiscalía General del Estado. Como el caso ya está en proceso judicial, será un tribunal quien deberá determinar qué entidad es la competente para continuar con la investigación.
Este caso no es el primer caso en que la Fiscalía europea asume una investigación de este tipo en España. Lo hizo hace unos meses con una parte del llamado caso Mediador, cuya trama consistía en ofrecer a empresarios ventajas en la contratación pública a cambio de sobornos, y también extorsionarlos a cambio de favores en inspecciones y ayudas europeas.
La lucha contra el fraude
La OLAF investiga el fraude al presupuesto de la UE, la corrupción y las faltas graves en las instituciones europeas y elabora la política de lucha contra el fraude para la Comisión Europea. El artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE es una tarea común de la Unión y de los Estados miembros.
Las investigaciones de la OLAF se pueden alargar durante meses, y esos avances se tendrán que dar en colaboración con las autoridades españolas, aunque quien recibirá las conclusiones que se saquen será también la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario es la 'pata' que en último término tomará decisiones sobre España.
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