En un nuevo giro en el conflicto entre los inversores y el Estado español, los afectados por los laudos renovables han logrado un gran avance en su lucha por recuperar sus inversiones. Después de años de batalla judicial, los inversores han identificado 4.600 millones de euros en activos españoles que podrían ser embargados para recuperar sus pérdidas. Esta cifra astronómica se traduce en una gran oportunidad para que los inversores recuperen sus inversiones y comiencen a reconstruir sus vidas financieras. La identificación de estos activos es un paso crucial en el camino hacia la justicia y la recuperación económica para los afectados por los laudos renovables.
La justicia amenaza con embargar activos españoles en el extranjero por millones de euros
El Estado español se enfrenta al riesgo de perder activos en el extranjero valorados en miles de millones de euros debido a laudos pendientes relacionados con el recorte de las primas a las energías renovables.
Ashley Messick, senior managing director en J.S. Held, ha identificado activos españoles por valor de 5.000 millones de dólares (4.600 millones de euros) en 12 regiones firmantes del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y del Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que pertenece al Banco Mundial.
Entre los activos en riesgo se encuentran bienes inmuebles, participaciones de empresas públicas, derechos de cobro y otros activos financieros en el extranjero. Navantia Australia, filial de la empresa pública española dedicada a la construcción naval civil y militar, también podría verse afectada.
Los acreedores han echado el ojo a más de 400 activos españoles en total en el extranjero. Los embargos, que los dicta la justicia, se producen como forma de compensación ante los impagos de los laudos.
Ordenes provisionales de pago
El Tribunal Supremo de Londres decretó en abril tres órdenes provisionales de pago que, en caso de no ser atendidas, otorgarán a los afectados la posibilidad de embargar la sede del Instituto Cervantes y la sede de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalidad de Cataluña (Acció), dos propiedades ubicadas en Londres.
En agosto, los tribunales del Reino Unido emitieron también una orden provisional que abre la puerta al embargo de una propiedad histórica empleada por el gobierno de España como sede de la Escuela Internacional Vicente Cañada y como centro de exámenes de la UNED.
Embargo de activos en Australia
En noviembre, el Tribunal Supremo de Londres avaló el congelamiento de cuatro cuentas bancarias controladas por distintos organismos públicos españoles, cuyo saldo ronda el millón de euros. El Tribunal Supremo de Australia ha reconocido plenamente las deudas contraídas por España con los denunciantes, abriendo la puerta al embargo de bienes por un monto de 120 millones de euros.
Victorias para España
En paralelo, España ha logrado anular tres laudos, incluyendo uno en Suiza que condenaba a España a indemnizar con 10,5 millones a Triodos Sicav II, vehículo de inversión perteneciente al Grupo Triodos Bank.
Además, el CIADI ha exonerado a España de abonar los 175 millones de euros que reclamaban la empresa suiza EBL y la española Tubo Sol PE2 SL. El tribunal ha ordenado a las demandantes a pagar a España 214.808 dólares (199.000 euros) por la parte que se utilizó de los anticipos que el Estado realizó al CIADI, y cerca de 1,9 millones de euros en concepto de honorarios legales y gastos.
Antecedentes
España perdió el primer arbitraje en 2017. El laudo dio la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energía Solar Luxembourg. Las denuncias se centran en los recortes a la energía solar y a la termosolar y reclaman al país uno más de 9.500 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables.
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