En una decisión que ha generado controversia, el juez ha dejado en libertad a Koldo García y a los otros tres investigados por presuntas mordidas en la venta de mascarillas durante la pandemia. Esta noticia ha generado reacciones encontradas en la opinión pública, ya que el caso ha sido seguido de cerca por la sociedad en medio de la crisis sanitaria. La liberación de los implicados plantea interrogantes sobre la transparencia y la integridad en la gestión de recursos públicos, así como sobre la posible corrupción en tiempos de emergencia sanitaria. Las autoridades competentes deberán esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia en un tema tan sensible para la ciudadanía.
Koldo García y otros tres investigados quedan en libertad tras ser detenidos por trama de corrupción en mascarillas
El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, junto a otros tres detenidos por una presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, han sido puestos en libertad tras comparecer este jueves ante la Audiencia Nacional.
Tras negarse a declarar ante el juez Ismael Moreno, encargado de las investigaciones, se ha determinado que Koldo García y el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, deberán cumplir con la prohibición de salir del territorio nacional, entregar sus pasaportes y presentarse en el juzgado cada 15 días. Íñigo Rotaeche, otro de los investigados, también tendrá restringida su libertad de movimiento y Joséba García, hermano del asesor de Ábalos, ha quedado en libertad sin medidas cautelares.
La Fiscalía Antidroga no solicitó prisión provisional para ninguno de los investigados, por lo que el juez decidió no aplicar medidas más severas. Las pesquisas se mantienen bajo secreto de sumario, sin revelar más detalles sobre el caso.
Este proceso se originó a raíz de una denuncia presentada por el Partido Popular de Madrid en 2022, en la que se señalaban irregularidades en contratos adjudicados por el Gobierno central en 2020, centrándose en la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S.L. Las investigaciones apuntan a posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en relación con estas adjudicaciones.
La Guardia Civil tomó declaración al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, quien habría firmado contratos con la empresa investigada por valor de millones de euros. Entre las irregularidades señaladas, se destaca el pago de más de 24 millones de euros por mascarillas profilácticas y la realización de contratos por procedimiento de emergencia sin licitación pública.
El caso continúa en desarrollo, con más implicados por identificar y nuevas revelaciones que podrían surgir en torno a esta trama de corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia.
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