En un desarrollo sorprendente en el caso de la filtración de datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el Colegio de Abogados de Madrid ha decidido tomar cartas en el asunto. La institución ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo que inicie una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos que rodean la revelación de información confidencial sobre el compañero sentimental de la líder política madrileña.
El Colegio de Abogados de Madrid pide al Tribunal Supremo investigue la filtración de datos del novio de Ayuso
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha solicitado este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que eleve al Tribunal Supremo (TS) la causa contra la Fiscalía por un presunto delito de revelación de secretos en el caso relacionado con una filtración de datos que afecta a Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Esta petición se produce tras la práctica de las diligencias esenciales en la fase de instrucción por parte del juez del TSJM, incluyendo la declaración de los dos fiscales investigados, y ante los indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
La filtración de datos y la violación de la confidencialidad
El caso se centra en la publicación de una nota de prensa oficial por parte de la Fiscalía en la que se revelan conversaciones reservadas entre un abogado y un fiscal en el seno de unas diligencias de investigación. Estas conversaciones tuvieron lugar en el contexto de los acercamientos propios para el estudio de una eventual conformidad, según recuerda el ICAM en un comunicado.
Esta divulgación es, para el Colegio de la Abogacía de Madrid, una grave violación de la confidencialidad y el secreto profesional, que considera principios fundamentales del ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa.
La personación del ICAM como acusación y la competencia objetiva del Tribunal Supremo
De ahí que decidiera personarse como acusación en la causa, en la que también acusa el propio González Amador. El ICAM ha decidido dar este paso teniendo en cuenta la cualidad persona aforada del Fiscal General, lo que altera la competencia objetiva del órgano instructor en favor del Tribunal Supremo, han señalado desde el colegio profesional.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha expresado que la protección de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales es esencial para la defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos. Ribón alude a la gravedad de los hechos que se investigan y a la necesidad de dirimir qué sucedió para impedir que vuelva a ocurrir una situación como esta que afecta directamente a la integridad del sistema judicial y a la protección de los derechos de los profesionales del derecho y sus clientes.
Este colegio será firme ante cualquier vulneración, ha zanjado.
Es importante destacar que la jueza ha aplazado de nuevo la declaración de González Amador tras pedirlo PSOE y Más Madrid para estudiar nuevos documentos.
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