Desde las Islas Canarias, surge una petición urgente hacia el Ministerio de Sanidad para que se esclarezca la adquisición de mascarillas realizada a través del exasesor de José Luis Ábalos. Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos de compra de material sanitario, especialmente en un contexto marcado por la crisis de la pandemia. Las autoridades canarias han expresado su preocupación ante posibles irregularidades en este procedimiento y solicitan una investigación exhaustiva que permita aclarar cualquier duda al respecto. La importancia de mantener la confianza en las instituciones públicas y en la gestión de recursos durante esta situación de emergencia sanitaria no puede ser subestimada, por lo que se espera una pronta respuesta por parte de las instancias competentes.
Canarias solicita a Sanidad investigar compra de mascarillas por exasesor de Ábalos
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dado orden a la Consejería de Sanidad de iniciar una investigación interna en la administración para esclarecer la compra de mascarillas durante la pandemia realizada a través del exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Según fuentes del Ejecutivo, la investigación judicial está analizando presuntas 'mordidas' en contratos cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas como Baleares y Canarias en la pasada Legislatura, por importe superior a los 50 millones de euros.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de 14 personas, dentro de unas diligencias de investigación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que afectan a 20 personas.
Entre los detenidos consta el propio Koldo García -exasesor de Ábalos- y también su mujer y un hermano.
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En total se han practicado 26 registros y requerimientos, entre ellos uno en el Ministerio de Transportes en Madrid para recabar información. Las otras provincias afectadas por estas diligencias son Alicante, Murcia y Álava.
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