En el marco de la actual coyuntura laboral, se ha planteado la posibilidad de blindaje de convenios autonómicos, una medida que tiene el potencial de generar beneficios significativos para los trabajadores. Sin embargo, esta iniciativa no está exenta de controversia, ya que plantea dudas jurídicas sobre su constitucionalidad y augura conflictos laborales en various sectores. Aunque la intención detrás de esta medida es proteger los derechos de los trabajadores, es importante analizar las implicaciones jurídicas y prácticas de esta iniciativa para evitar consecuencias indeseadas.
Gobierno aprueba blindaje de convenios autonómicos: beneficios para trabajadores, pero dudas jurídicas y conflictos laborales
Desde el pasado martes, los convenios colectivos autonómicos están blindados frente a los estatales, según ha decretado el Gobierno, que acordó con el PNV dar prioridad a estos acuerdos frente a los de alcance nacional para investir a Sánchez. Se trata de un cambio técnico en la normativa laboral que ha pasado algo desapercibido, pero que tiene potencial para definir las condiciones de trabajo de casi 12 millones de trabajadores.
En principio, el cambio debería ser beneficioso para los trabajadores. La redacción del decreto deja claro que solo se dará prioridad a la normativa autonómica cuando mejore la estatal. Sin embargo, la norma genera dudas entre juristas y sindicatos, que ven problemas claros de interpretación y auguran más conflictividad laboral.
La norma apenas tendrá efectos a corto plazo en el día a día de los asalariados, coinciden los expertos consultados por este periódico. Antes del cambio, ya coexistían convenios sectoriales, autonómicos y provinciales en algunas comunidades.
El Ministerio de Trabajo ha dejado fuera del blindaje de los convenios autonómicos ciertas materias, como la duración de la jornada laboral, los periodos de prueba o los tipos de contratos que se aplican en el sector. Además, hay que tener en cuenta que los convenios de empresa siguen teniendo prioridad respecto a los sectoriales, salvo en cuestiones como el salario, siempre que el del sector sea mejor.
Un cambio técnico con implicaciones laborales
Los efectos empezarán a verse más bien a medio y largo plazo, cuando sindicatos y empresarios empiecen a preguntarse a qué acuerdo remitirse cuando se solapen convenios de distinto nivel. Y definirlo no se antoja tarea fácil. La legislación laboral española tiene una jerarquía endiablada a la hora de decidir qué convenio hay que aplicar, que ahora se complica más.
La norma puede generar conflictos interpretativos en los casos en que el convenio colectivo mejore unas determinadas condiciones del convenio estatal pero, sin embargo, empeore otras, según José Manuel Mateo, socio de Laboral en Garrigues. Coincide con esta visión Pedro Llorente, consejero de Laboral de Cuatrecasas, que opina que el decreto del Gobierno puede derivar en un incremento de los procedimientos judiciales para que se determine la aplicabilidad de un convenio u otro.
Implicaciones para la negociación colectiva y la seguridad jurídica
Las consecuencias se irán viendo a medida que los convenios autonómicos y provinciales proliferen tras haber quedado blindados frente a los nacionales. Los incentivos para que la negociación colectiva se mueva en el terreno autonómico aumentan, lo que beneficia especialmente a las comunidades en las que los sindicatos regionales son mayoritarios, como es el caso de País Vasco o Galicia.
Esto podría provocar que se ensanche la brecha autonómica que existe en las condiciones laborales de los trabajadores, que serían mejores en las comunidades en las que los sindicatos regionales sean más poderosos. También se puede dar la paradoja de que dos trabajadores de una misma empresa y con el mismo puesto, pero que desarrollan su labor en centros de trabajo de comunidades diferentes, tengan condiciones laborales distintas (mejores salarios, más vacaciones.).
La prioridad que se acaba de dar a los convenios regionales tiene potencial para poner el foco de la negociación colectiva en la comunidad autónoma o la provincia. Podría darse —ya veremos si se cumple— que las patronales empresariales valoren abandonar paulatinamente la negociación de convenios de ámbito nacional y se centren en los convenios autonómicos, concluye José Manuel Mateo, de Garrigues.
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