En un comunicado oficial, el Ejecutivo ha manifestado su fuerte disconformidad con la reciente sentencia emitida por el Máximo Tribunal, en la que se absuelve a los acusados en un caso que ha generado gran polémica en el país. Según el Gobierno, la intención detrás de esta decisión es absolutamente transparente y no ha sido objeto de una interpretación errónea, como algunos han sugerido. El Ejecutivo considera que la sentencia no solo es injusta, sino que también genera inquietud en la sociedad, ya que se considera que no se ha hecho justicia en este caso. En los próximos días, se esperan nuevas declaraciones del Gobierno sobre este tema.
El Ejecutivo critica la sentencia del Supremo y sostiene que la ley de amnistía es clara
La ministra portavoz, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aseguró que el objetivo de la ley de amnistía está muy claro, también en lo que se refiere al delito de malversación que pesa sobre varios exlíderes independentistas, entre ellos Carles Puigdemont.
Tras la decisión del Tribunal Supremo de no considerar este delito amnistiable en el caso del procés, Alegría señaló que el objetivo de la ley al respecto es muy claro y no es menor porque se aprobó con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Con la ley aprobada, el texto claro y la voluntad clara del legislador, les corresponde a los jueces aplicar la ley, aseguró.
Con su decisión, el Supremo mantiene las órdenes de detención de Carles Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Además, tampoco anulará las condenas de inhabilitación que pesan sobre Oriol Junqueras y los republicanos Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Alegría manifestó su máximo respeto a las decisiones judiciales, pero consideró que, en este caso, el texto de la ley es muy claro y que los jueces deberían aplicarlo tal y como está redactado, es decir, amnistiando los casos de malversación del procés.
La ministra no quiso ir tan lejos como el PSOE, que aseguró este martes que la del Supremo era una consideración política, a su juicio, sorprendente e innecesaria. De hecho, eludió responder si comparte estas valoraciones cuando los periodistas le preguntaron al respecto.
Con todo, se mostró exhaustiva al considerar que el objetivo de la ley es muy claro. La voluntad del legislador es tan clara como el texto de la propia ley (…) lo que tiene que suceder es que los jueces apliquen la ley, plasmó.
Desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno ha defendido la aplicación de la ley en los términos en los que está redactada. En este caso, se refieren a la redacción del artículo 1.4 de la señalada ley, que indica que no se considera enriquecimiento la aplicación de los fondos públicos cuando no haya un propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial.
En cambio, el alto tribunal considera que el que se apodera de bienes ajenos -en este caso, patrimonio público- comete un delito aunque el metálico obtenido se destine a regalos a terceros, a limosna o a cualquier otra causa altruista.
Díaz pide una reflexión sobre la rendición de cuentas de los jueces
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tildado de sorprendente la decisión del Tribunal Supremo, en la que ha reconocido elementos extraños.
Aunque ha sacado un elemento positivo: Si pensase que la ley fuese inconstitucional la llevaría al Tribunal Constitucional, ha señalado.
A su juicio, hay que hacer una reflexión compartida sobre la necesidad de cambiar el CGPJ y de que las altas instancias del país necesiten una inspección de trabajo. Ha asegurado que los jueces y juezas son el único cuerpo que no rinde cuentas de lo que hacen en su actuación profesional.
Tendremos que tener un debate en esta responsabilidad de una parte del Poder Judicial en nuestro país, ha lanzado.
Moncloa confía en que Illa sea investido
Sobre los posibles efectos políticos que podría tener la aplicación de la amnistía por parte de los jueces, la ministra portavoz ha asegurado que los pasos que tengan que dar en la investidura [de Salvador Illa] se tienen que formular en el Parlament, diferenciando así las distintas vías de negociación con los independentistas del proceso judicial por el que pase la ley de amnistía.
Hay toda la confianza en que ese proceso, que este momento está abierto en el Parlament, termine con un Gobierno liderado por Illa, ha pronunciado Alegría.
Al respecto, las negociaciones entre ERC y el PSC continúan con su curso de forma discreta, aunque con un ultimátum sobre la mesa por parte de los republicanos, que quieren un preacuerdo o con Illa o con los de Carles Puigdemont antes de que finalice julio para no ir a unas nuevas elecciones.
Confianza y prudencia, ha señalado la ministra, que ha recordado que en Euskadi se acaba de cerrar un acuerdo de Gobierno con el PNV tras dos meses de negociación. Espero que el resultado sea positivo para la sociedad catalana, ha añadido.
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