El fiscal general anuncia la recusación de todos los magistrados del Tribunal Supremo que tendrán que tomar una decisión sobre su propio futuro en el

El fiscal general anuncia la recusación de todos los magistrados del Tribunal Supremo que tendrán que tomar una decisión sobre su propio futuro en el cargo

En un inasperado giro de los eventos, el fiscal general ha anunciado la recusación de todos los magistrados del Tribunal Supremo, lo que supone un giro radical en el desarrollo de los próximos eventos. Esta medida tiene como consecuencia que los propios magistrados tengan que tomar una decisión sobre su propio futuro en el cargo, lo que ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y político. Esta noticia tiene un profundo impacto en la estructura del poder judicial y plantea interrogantes sobre la independencia del poder judicial y la transparencia en la toma de decisiones.

Recusación masiva: Fiscal general anula a todos los magistrados del Tribunal Supremo que deben decidir sobre su futuro

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un incidente de recusación contra los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que deben resolver sobre su continuidad o no al frente de la Fiscalía General del Estado.

Fuentes fiscales informan que la decisión del fiscal general se debe a que estos magistrados podrían no ser objetivos para determinar su continuidad, ya que en noviembre pasado dictaron una sentencia que tumbó el nombramiento de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, como fiscal togada del Supremo, acusando a García Ortiz de desviación de poder.

Magistrados no objetivos

García Ortiz entiende que estos magistrados podrían no ser objetivos para determinar su continuidad, ya que se considera que tienen pronunciamientos y referencias contra él. En particular, se menciona el caso del magistrado José Luis Requero, quien al día siguiente de la sentencia contra Delgado firmó un artículo en La Razón en el que dijo que basta fijarse en lo que ya es un Tribunal Constitucional y una Fiscalía General del Estado apesebrados.

Por ello, el fiscal general pide que su caso sea revisado por otros magistrados que no tengan pronunciamientos o referencias contra él, como entiende sucede ahora con esta sección de la Sala de lo Contencioso.

La Sala del 61

La resolución corresponde a la llamada Sala del 61, una sala especial del Supremo cuyo nombre proviene del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge su creación. La Sala del 61 está formada por el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, y cada uno de los presidentes de las cinco salas del alto tribunal y por el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas.

Entre sus competencias figura la de estudiar los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala, como sucede en este mismo caso.

El recurso de la APIF

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) interpuso un recurso contencioso administrativo en el Supremo contra la designación de García Ortiz, al considerar que su actuación y su parcialidad en favor del Gobierno muestran que su nombramiento no se ajusta a la ley.

García Ortiz, denuncian, se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias.

Por ello consideran que no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno.