En un esfuerzo por fortalecer la transparencia y la integridad en la función pública, el Gobierno de Andalucía ha aprobado una norma que establece un nuevo régimen de control para los ex altos cargos de la Junta. A partir de ahora, estos funcionarios deberán obtener una autorización expresa antes de poder trabajar en el sector privado. Esta medida tiene como objetivo prevenir posibles conflictos de intereses y garantizar que los ex altos cargos no utilicen sus antecedentes en la función pública para obtener ventajas injustas en el mercado laboral. La norma busca sentar un precedente en la lucha contra la corrupción y la influencia indebida, y se espera que tenga un impacto positivo en la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
- Andalucía aprueba norma para controlar fichajes de ex altos cargos en el sector privado
- La Junta de Andalucía endurece la ley de incompatibilidades para evitar puertas giratorias
- El Gobierno andaluz impone autorización previa para ex altos cargos que quieran trabajar en el sector privado
- Qué es incompatible y qué no
Andalucía aprueba norma para controlar fichajes de ex altos cargos en el sector privado
La Junta de Andalucía ha endurecido la ley de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración autonómica mediante una modificación puntual y urgente. A partir de ahora, quienes dejen su cargo público y quieran incorporarse al sector privado en los siguientes dos años tendrán que contar previamente con una autorización de la Junta o, en caso contrario, podrían quedar inhabilitados y perder parte de sus retribuciones.
La Junta de Andalucía endurece la ley de incompatibilidades para evitar puertas giratorias
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha explicado que esta medida es consecuencia de la brecha en el sistema de control que afloró con el caso del exviceconsejero de Salud y exgerente del SAS Miguel Ángel Guzmán y su intento de fichaje por la aseguradora privada Asisa, que la Junta consideró finalmente incompatible.
El objetivo del Ejecutivo es que nadie se pueda aprovechar de la gestión pública para fabricarse una salida laboral en el ámbito privado, pero que al mismo tiempo nadie se vea perjudicado por haber tenido una responsabilidad pública.
El Gobierno andaluz impone autorización previa para ex altos cargos que quieran trabajar en el sector privado
La principal novedad es que cualquier ex alto cargo de la Junta que ahora quiera incorporarse a una empresa privada deberá antes informar a la Administración y solicitar un informe sobre la compatibilidad o no del fichaje.
La Inspección General de Servicios será el órgano encargado de recabar la información necesaria y emitir, en el plazo máximo de un mes, el informe pertinente sobre la compatibilidad o no de la actividad del ex alto cargo.
El incumplimiento de esta medida, en caso de que el antiguo funcionario ejerza actividades privadas sin la pertinente autorización, será considerado como una infracción muy grave, que estará sancionada con entre tres y diez años de inhabilitación para cargo público y la devolución de toda la cesantía en caso de haberla percibido.
Además, la Junta contempla que, en la futura ley que quieren desarrollar, se amplíe el periodo de cobro de la cesantía, que en el caso de la ley estatal es de 24 meses.
El consejero Nieto ha manifestado que no queremos mandar un mensaje para que solo los funcionarios y los ermitaños pueden formar parte de la Junta.
Qué es incompatible y qué no
Otra de las claves de la modificación aprobada es el establecimiento de unos criterios nítidos sobre lo que inhabilita y lo que no.
Así, no serán autorizados a fichar por la privada aquellos ex altos cargos que durante el desempeño de su función pública hayan suscrito un contrato con la empresa a la que se quieren incorporar, extremo que también se aplicará en el caso del superior y de los subordinados del cargo en cuestión.
La Junta también determinará que existe un conflicto de intereses, y por tanto incompatibilidad, cuando el alto cargo hubiese votado a favor en decisiones que benefician a la entidad privada.
Pero no habrá incompatibilidad cuando las decisiones adoptadas por el alto cargo no estuvieran referidas a una empresa en concreto, sino a un colectivo con carácter general.
El Gobierno andaluz, ha concluido Nieto, quiere transmitir con estos cambios una imagen de transparencia, cumplimiento de la legalidad y de respeto a lo público que esté en el top de España y de Europa para ser vanguardia en el cumplimiento de los compromisos de las políticas públicas. Y que nunca más se vuelva a relacionar a Andalucía con nada que tenga que ver con la corrupción.
Deja una respuesta