El Gobierno de España ha dado un paso crucial en materia financiera al recuperar la autoridad de defensa del cliente financiero, con el objetivo de unificar las reclamaciones a la banca. Esta medida se presenta como un avance significativo en la protección de los derechos de los usuarios de servicios bancarios, quienes contarán con una instancia especializada para resolver posibles conflictos con las entidades financieras. La decisión gubernamental busca fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema financiero, garantizando que los clientes tengan un canal efectivo para hacer valer sus derechos. De esta manera, se pretende mejorar la calidad de la atención al cliente en el sector bancario y promover una relación más equilibrada entre las entidades y los usuarios.
Gobierno aprueba proyecto de autoridad de defensa del cliente financiero para unificar reclamaciones
El Gobierno, bajo la dirección del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dado luz verde en el Consejo de Ministros al proyecto de ley de autoridad de defensa del cliente financiero. Esta iniciativa, que ya fue intentada el año pasado y que ahora retoma fuerza, tiene como objetivo centralizar en un único organismo las reclamaciones bancarias dispersas entre diversas entidades supervisoras como el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Esta autoridad de defensa del cliente financiero, que forma parte del plan de recuperación pactado con la Comisión Europea, deberá ser aprobada antes del 31 de diciembre de este año. El ministro Cuerpo ha destacado que esta figura brindará una solución independiente y vinculante para resolver conflictos extrajudiciales entre entidades financieras y clientes, con un plazo máximo de 90 días para atender las reclamaciones.
Bruselas da a España más tiempo para evaluar cuarto pago de fondos europeos
Por otra parte, la Unión Europea ha concedido a España una prórroga de dos meses para evaluar el cuarto pago de los fondos europeos de recuperación. Esta ampliación del plazo permitirá al país analizar de manera más detenida la utilización de estos recursos y asegurar su correcta aplicación en la recuperación económica.
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