El Govern denuncia que el Tribunal Supremo menosprecia al Congreso al intentar torcer la aplicación de la amnistía, según declaraciones oficiales.

El Govern denuncia que el Tribunal Supremo menosprecia al Congreso al intentar torcer la aplicación de la amnistía, según declaraciones oficiales.

En un contundente comunicado oficial, el Govern ha denunciado que el Tribunal Supremo está intentando menospreciar la autoridad del Congreso al tratar de torcer la aplicación de la amnistía. Según las declaraciones oficiales, esta acción del máximo órgano judicial español supone un grave atentado contra la democracia y el Estado de derecho. El Govern asegura que la amnistía es una medida adoptada por el Parlamento y que, por lo tanto, debe ser respetada por todos los poderes del Estado. La situación generada ha generado un gran revuelo político y social, y se espera que se produzcan nuevas declaraciones y reacciones en las próximas horas.

La Generalitat se opone a la interpretación del Tribunal Supremo sobre la amnistía y defiende su aplicación en todos los casos

La portavoz del Govern en funciones, Patrícia Plaja, ha asegurado este martes que el Tribunal Supremo busca dinamitar la amnistía con su interpretación de la norma, lo que considera vergonzoso y preocupante pese a ser también previsible.

Plaja ha defendido la aplicación de la amnistía en los policías encausados, aunque en determinados puntos guste más o menos. En la rueda de prensa semanal posterior a la reunión del ejecutivo catalán celebrada este martes, la portavoz ha señalado: Demasiadas veces algunos poderes se creen que están por encima de todo y pueden saltarse la ley.

Así se ha pronunciado después de que este lunes el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazara perdonar el delito de malversación que atribuye al expresident catalán Carles Puigdemont y a dos exconsellers y acordara mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos.

El Tribunal Supremo menosprecia la voluntad del legislador, expresada por el Congreso, y lo hace de forma desacomplejada y provocadora, ha lamentado Plaja. No les gusta y harán lo que puedan para no aplicarla en los términos que se debe hacer, ha augurado.

La amnistía y los policías encausados

La portavoz también se ha pronunciado sobre la amnistía concedida por un juez a los 46 agentes de la Policía Nacional a los que investigaba por las cargas del 1-O en la capital catalana, al considerar que los delitos que se les atribuían encajan en la ley del perdón y que su actuación no superó el umbral de gravedad para quedar excluida.

Ha defendido que la norma se debe aplicar en todos los casos, aunque en determinados puntos guste más o menos. En cualquier caso, ha señalado que el objetivo claro de la norma es poner fin a una causa general contra el independentismo, si bien la norma también tiene otras derivadas.

La Generalitat participa en 55 procedimientos

La administración catalana participa en 55 procedimientos relacionados con la amnistía impulsados por los órganos judiciales. En once de ellos ha sido el gabinete jurídico del ejecutivo catalán el que ha asumido la iniciativa y ha solicitado su aplicación, en 27 se adherirá a las peticiones formuladas por otras partes y en 17 no intervendrá ni formulará ninguna alegación.

Por demarcaciones, 16 corresponden al ámbito de Barcelona, 16 al de Girona, 10 al de Lleida y 13 al de Tarragona. Estos 55 casos tienen que ver, entre otros, con agentes de cuerpos policiales, miembros del cuerpo de Bomberos u otros funcionarios públicos.

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En relación a los carteles de 'Fora l'Alzheimer de Barcelona' donde se mofaban del expresident de la Generalitat Pasqual Maragall y el exconseller Ernest Maragall, Plaja ha negado que el ejecutivo catalán tuviera alguna relación al respecto. Además, ha tildado estas actividades como vergonzosas y ha apuntado que confía en que ERC hará uso de las herramientas que dispone para aclarecer los hechos para castigar a las personas responsables.

Por otro lado, la portavoz del Govern en funciones ha admitido que ha fallado todo con relación a las dos hermanas que se han suicidado en Barcelona antes de ser desahuciadas por no poder pagar el alquiler. Es una responsabilidad de todas las administraciones, que tienen que trabajar plegadas para que no vuelva a suceder, ha añadido en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Finalmente, el Govern ha aprobado un incremento del 15% de los recursos destinados a garantizar un funcionamiento adecuado de las depuradoras y regeneradoras públicas catalanas para el 2024. De este modo se actualizan los importes a los gastos reales de financiación de los entes gestores y en un contexto de aumento generalizado de los precios.