La situación política en España se encuentra en un estado de tensión luego de que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) manifestara su incertidumbre respecto al futuro de la coalición con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Junts per Catalunya después de la sentencia del Supremo. La espera por la resolución del Tribunal Supremo sobre el caso de los líderes independentistas catalanes ha generado un clima de inquietud y especulación en el seno del PSOE, ya que no se sabe con certeza cómo reaccionarán ERC y Junts ante la decisión judicial. La estabilidad del gobierno se encuentra en juego, y el PSOE se encuentra en una situación de alerta máxima, esperando a ver cómo se desarrollan los eventos en las próximas horas.
El PSOE en la cuerda floja: la sentencia del Supremo desata la incertidumbre
La decisión del Tribunal Supremo de no considerar un delito amnistiable la malversación del procés es un nuevo escollo para el PSOE, ya que afecta directamente a sus socios de Junts y ERC, con quienes tiene varios frentes abiertos de negociación que ahora podrían verse afectados por su reacción política a las resoluciones judiciales del alto tribunal.
Hay que ver los efectos políticos. No sabemos por dónde van a salir, reconocen fuentes de la dirección de Ferraz. Con su decisión, el Supremo mantiene las órdenes de detención de Carles Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Además, tampoco anulará las condenas de inhabilitación que pesan sobre Oriol Junqueras y los republicanos Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
Esto implica que, de momento, Puigdemont podrá ser detenido si pisa suelo español y Junqueras seguirá sin poder presentarse a elecciones. Como respuesta, ERC ya ha avanzado que interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y Carles Puigdemont estudia presentar los recursos necesarios hasta acudir en amparo al órgano de garantías, que tomaría la decisión definitiva.
La incertidumbre versa sobre la estrategia de defensa
En público, la portavoz socialista, Esther Peña, llamó a diferenciar los efectos políticos de la decisión del Tribunal Supremo de otros procesos como la investidura de Cataluña. Entiendo que no afecta en nada porque son procesos diferenciados, espetó. Pero los socialistas llaman en privado a la calma y a esperar para ver cuál será la repercusión real, ya que la aplicación de la ley de amnistía no deja de ser el elemento que sustenta la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez y, por lo tanto, la legislatura.
Aseguran que no hay margen para tocar el texto de la ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado hace tres semanas. Por lo tanto, la incertidumbre versa sobre la estrategia de defensa que tomarán los repercutidos tras la decisión del alto tribunal y su reacción política.
La investidura en Cataluña y los Presupuestos, en el aire
El PSOE quiere desvincular las negociaciones que está llevando a cabo tanto con ERC como con Junts del laberinto judicial en el que se adentra la amnistía. Con los republicanos siguen negociando la investidura de Salvador Illa, poniendo sobre la mesa una financiación singular para Cataluña.
Para ERC, hay falta voluntad política por parte de PSC y Junts para llegar a un acuerdo en el nuevo modelo de financiación de Cataluña, y en Ferraz ceden en buscar fórmulas para un modelo singular pero descartan un 'cupo catalán' como el que existe en Euskadi y Navarra.
El ultimátum lanzado por la secretaria general, Marta Rovira, para alcanzar un preacuerdo en el plazo de un mes ha insuflado algo de esperanza al PSC y a la dirección de Ferraz. Puede ser positivo, sopesan. A su juicio, Puigdemont exhibe sus movimientos porque está intentando sobrevivir, mientras que ellos trabajan con discreción con los republicanos.
Eso sí, la premisa sigue siendo la misma: Hay dos caminos, o repetición electoral o Salvador Illa president, y nosotros estamos en la segunda, sostienen. Sin embargo, la decisión del Supremo tensiona todas las negociaciones, ya que supone otro escollo para la aplicación de la amnistía.
La crítica del PSOE a la resolución del Supremo
Conscientes de ello, y al igual que lo ha hecho ERC, los socialistas salieron a criticar la resolución del alto tribunal, que a su juicio es una consideración política que les sorprende y ven innecesaria para su labor jurisdiccional.
También necesitan el apoyo de ERC para sacar adelante los Presupuestos para 2025, ya que, de no lograrlo, el Gobierno se vería obligado a prorrogar un año más los de 2023, lo que sería un obstáculo más para la complicada legislatura.
Por ahora, el voto a favor de sus diputados está en el aire, más después de que los socialistas hayan pactado con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que no ha sentado bien a sus socios republicanos.
También necesitan el sí de Junts a las cuentas para el año que viene y, en su caso, no cuentan con una cercanía ideológica que comparten con ERC en determinadas materias.
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