El Tribunal Supremo ha emitido un fallo en el que protege a una familia que ha sido acosada por 60 manifestaciones frente a su hogar, como consecuencia de una polémica antena instalada en el techo de su vivienda. La sentencia reconoce el derecho a la intimidad y la paz de los residentes, quienes se han visto afectados por la presencia constante de grupos de personas protestando en las inmediaciones de su propiedad. Este caso, que ha generado gran controversia en la opinión pública, pone de manifiesto la importancia de garantizar el respeto a la vida privada de los ciudadanos y el deber de preservar un entorno tranquilo y seguro en el ámbito doméstico.
Tribunal Supremo protege a familia acosada por manifestaciones frente a su casa
El Tribunal Supremo (TS) ha emitido un fallo en el que reconoce que se vulneraron los derechos fundamentales a la integridad física y moral, así como a la intimidad de una familia residente en Las Palmas de Gran Canaria. Esta familia fue objeto de más de sesenta manifestaciones frente a su hogar en protesta por una antena de telefonía móvil ubicada en la azotea de un edificio cercano de su propiedad, alquilado a la compañía Orange.
En su sentencia, el Alto Tribunal declara como nula la actuación de la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas, la cual desestimó la petición de la familia de prohibir las manifestaciones alegando que no representaban un peligro para el orden público. Sin embargo, los magistrados han señalado que las consecuencias de estas manifestaciones eran claramente nocivas y que podrían haberse evitado simplemente modificando su recorrido.
Si bien se reconoce el derecho de los manifestantes a expresar su opinión, el Tribunal Supremo destaca que la reiteración y la insistencia en realizar las protestas en ese lugar específico afectaron gravemente la vida privada, la intimidad personal y familiar de los demandantes, así como la salud de personas mayores dentro de la familia y su actividad comercial.
Familia de Las Palmas indemnizada por el Supremo tras ser acosada por protestas
La familia afectada, que reside en una calle a 200 metros del edificio con la antena de telefonía móvil, denunció que las manifestaciones frente a su domicilio buscaban coaccionarlos y aterrorizarlos para forzar la cancelación del contrato de alquiler con la empresa de telecomunicaciones. Estas protestas afectaron la salud de personas mayores en la familia, de 82 y 86 años, llegando a registrarse un total de 90 manifestaciones en el momento en que se presentó la denuncia ante el Tribunal Supremo.
A pesar de que la Subdelegación del Gobierno argumentó que las manifestaciones no alteraban el orden público, el Supremo destacó un informe policial que describía cómo los manifestantes hostigaron a los residentes, generando ruido con cacerolas, latas, pitos y megafonía. La situación llegó a un punto crítico cuando el responsable del bazar familiar se vio obligado a enfrentarse a dos de los manifestantes.
En este sentido, el Tribunal Supremo ha subrayado la importancia de que la autoridad gubernativa ejerza sus facultades para conciliar los derechos en conflicto y evitar los perjuicios que puedan derivarse de situaciones como la vivida por esta familia en Las Palmas de Gran Canaria.
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