La situación de los guardias civiles y policías nacionales podría cambiar a partir de 2025
El Senado ha dado el visto bueno a una modificación de la Ley General de la Seguridad Social (el Real Decreto Legislativo 8/2015) que regula, entre sus disposiciones, la jubilación de los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Reconocimiento como profesión de riesgo
La Proposición de Ley aprobada por el Senado pretende reconocer a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil como profesión de riesgo. Esta nueva categoría implicaría un coeficiente reductor sobre la edad de jubilación de estas profesiones.
La norma les permitiría la jubilación anticipada con el 100% de la pensión. El texto aprobado por el Senado implicaría el cambio de categoría a profesión de riesgo a guardias civiles y policías nacionales, lo que según se contempla en la Ley de la Seguridad Social implicaría aplicarles el coeficiente reductor del 0,20 a los años trabajados en estos cuerpos estatales.
Inclusión de agentes de Vigilancia Aduanera y policías autonómicas
La propuesta, defendida por la Asociación AUGC, también incluye a los agentes de Vigilancia Aduanera, y pretende equiparar la situación de estos cuerpos a la de las policías autonómicas (Ertzainzta, Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra), según explica la asociación en su web.
Consecuencias para la jubilación
La nueva categoría permitiría a guardias civiles y policías nacionales jubilarse a los 59 años -en lugar de a los 65 años marcados por la edad ordinaria de jubilación- y percibir la totalidad de su pensión de jubilación.
Próximos pasos
Tras el visto bueno del Senado, la Proposición de Ley deberá ser trasladada al Congreso de los Diputados, que deberá debatir y dar el visto bueno a la norma. En caso contrario, la norma no prosperaría.
De ser aprobada por el Congreso de los Diputados, la norma sería publicada en el BOE y entraría en vigor en el momento de su publicación o en el día que se establezca en la norma. El texto actualmente establece una entrada en vigor para el próximo 1 de enero de 2025, aunque aún podría estar sujeto a cambios antes de su hipotética aprobación.
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