La Comunidad de Madrid ha decidido formular objeciones a la reciente Ley de Gestión Pública de Sanidad, argumentando que carece de rigor y vioja la distribución de competencias entre la administración central y la autonómica. Según las autoridades madrileñas, la nueva normativa no cumple con los estándares de calidad y seguridad que se esperan en la gestión de la sanidad, lo que podría tener graves consecuencias en la prestación de servicios sanitarios a los ciudadanos. Además, la Comunidad de Madrid considera que la ley vulnera la autonomía de las regiones, ya que no respeta la distribución de competencias establecida en la Constitución española.
La Comunidad de Madrid critica la nueva Ley de Gestión Pública de Sanidad
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, han presentado alegaciones al proyecto de ley del Ministerio de Sanidad para regular la gestión del sistema sanitario público y limitar la gestión de las empresas privadas de los servicios públicos.
Desde el Gobierno regional consideran que el texto normativo invasivo y falta de rigor, ya que invade competencias de las comunidades autónomas en materia de coordinación y bases generales de la sanidad.
Objeciones a la nueva ley de sanidad pública
Según la Consejería de Sanidad, la norma proyectada pretende regular materias que en la actualidad son competencia de todas las comunidades autónomas, con excepción de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, lo que supondría una grave infracción del ordenamiento jurídico que afectaría a nuestra Constitución.
Además, la Comunidad de Madrid argumenta que la transposición de la normativa europea, materializada en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, posibilita a las administraciones prestar de forma directa los servicios públicos o establecer concesiones con empresas privadas, siempre que el procedimiento de adjudicación garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.
La Comunidad de Madrid considera que la propuesta del Ministerio de Sanidad no aporta soluciones realistas, ni concretas, ya que no se aportan cifras, una memoria económica ni referencias doctrinales. Además, el articulado solo mencionaría de manera genérica los problemas que se quieren subsanar.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid destaca que las medidas relativas a la transparencia y rendición de cuentas ya se aplican en la región, mediante auditorías que miden la prestación de la asistencia a los ciudadanos y la calidad, y, por otro, a través del control de la facturación mediante el Manual de Facturación Intercentros.
En definitiva, la Comunidad de Madrid considera que la nueva ley de sanidad pública falta de rigor normativo, económico y organizativo, y que las medidas propuestas ya se aplican en la región.
La reversión de las concesiones y la transparencia en la gestión de recursos sanitarios son algunos de los puntos que se buscan reforzar en la nueva ley, pero la Comunidad de Madrid considera que ya se contempla en la región.
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