La noticia que ha sacudido a la opinión pública, titulada La Fiscalía pide 22 años de cárcel para el acusado de enviar cartas con explosivos a Sánchez y varias instituciones en 2022, revela un preocupante caso relacionado con la seguridad del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y diversas instituciones. En este contexto, la Fiscalía ha solicitado una condena de 22 años de prisión para el individuo acusado de enviar cartas con explosivos a las mencionadas autoridades. Este grave incidente, ocurrido en el año 2022, ha generado alarma y ha puesto de manifiesto la importancia de fortalecer las medidas de protección y prevención ante posibles actos violentos. Las autoridades competentes deberán esclarecer los motivos detrás de este atentado y garantizar la seguridad de las instituciones y sus representantes, en aras de preservar el orden y la estabilidad social.
Fiscalía solicita años de cárcel para acusado de enviar cartas explosivas en España
En el momento de la detención del presunto responsable del envío de cartas bomba en España, la Fiscalía ha solicitado 22 años de cárcel para Pompeyo González, el individuo de 74 años arrestado en Burgos por enviar seis cartas con explosivos en 2022. Los destinatarios de estos artefactos fueron el presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, la empresa Instalaza en Zaragoza, las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid, y el centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).
La fiscal de la Audiencia Nacional, Ana Noé, acusa a González de un delito de terrorismo (10 años) y otro de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos (12 años). Además, solicita una medida de seis años de libertad vigilada tras cumplir la pena de cárcel. También se le reclama el pago de una indemnización de 1.500 euros al trabajador de la embajada de Ucrania que resultó herido al manipular la carta enviada por el acusado.
Según la fiscal, Pompeyo González Pascual, ex empleado del Ayuntamiento de Vitoria y activo en redes sociales, elaboró los artefactos con el objetivo de causar profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española al oponerse al apoyo brindado a Ucrania por el Gobierno de España, Estados Unidos y otras instituciones en territorio nacional. Los dispositivos fueron fabricados en su domicilio en Miranda de Ebro (Burgos).
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