La pareja de Ayuso ha sorprendido al ofrecer pagar más de medio millón de euros y aceptar ocho meses de cárcel como parte de un acuerdo para evitar un juicio. Esta propuesta inusual surge en medio de un escándalo que ha captado la atención de la opinión pública. El caso ha generado controversia y ha llevado a una intensa cobertura mediática. La decisión de la pareja de Ayuso de buscar este arreglo podría tener repercusiones significativas en el ámbito político y judicial. Se espera que esta noticia continúe generando debate y análisis en los próximos días.
La pareja de Ayuso dispuesta a pagar medio millón y aceptar cárcel para evitar juicio
El abogado de Alberto G.A., pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una propuesta de conformidad penal ante la Fiscalía. En dicha propuesta, se plantea asumir 8 meses de cárcel y abonar más de medio millón de euros con el objetivo de evitar el juicio por presunto fraude fiscal y falsedad documental.
Según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, Alberto G.A. reconoce la existencia de dos delitos contra la Hacienda Pública por el impuesto sobre sociedades en los años 2020 y 2021, siendo él el administrador único de la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad Para el Fomento del Medio Ambiente SL.
La defensa admite haber defraudado 155.000 euros en 2020 y 195.951,49 euros en 2021, lo que suma un total de 350.951 euros más intereses de demora. Además de la pena de prisión, se propone abonar una multa del 40% de la cuota defraudada, lo que elevaría la cantidad a unos 520.000 euros.
El abogado de Alberto G.A. argumenta que intentaron regularizar la situación tributaria, sin embargo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) les indicó que dicha regularización no exime de responsabilidad. Por ello, se propone una condena de 4 meses de cárcel por cada delito, sin considerar que se trate de un delito agravado.
Además, se plantea la pérdida de la posibilidad de acceder a subvenciones o ayudas públicas y de gozar de beneficios fiscales durante 9 meses. Este acuerdo busca resarcir el daño causado y evitar un proceso judicial prolongado.
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