En un nuevo desarrollo en el escándalo que ha conmocionado a la opinión pública canaria, la Policía ha registrado la Consejería de Sanidad en busca de documentos que arrojen luz sobre la distribución de mascarillas en el marco del polémico caso Koldo. Esta operación policial se enmarca en la investigación sobre presuntos delitos de corrupción y malversación de fondos públicos en la gestión de la crisis sanitaria. Los agentes buscan obtener pruebas que aclaren las condiciones en que se realizaron las compras y distribuciones de material de protección durante la pandemia, y determinar si hubo favores políticos o irregularidades en el proceso.
La Policía Nacional registra la Consejería de Sanidad en busca de documentos sobre la distribución de mascarillas en el escándalo Koldo
Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Las Palmas y de Madrid han llevado a cabo un registro en la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en busca de información sobre la distribución de mascarillas relacionada con el caso Koldo.
El registro, que comenzó a las 8.25 horas de este jueves, tiene como objetivo recopilar más datos sobre el presunto cobro de mordidas por la obtención de contratos públicos. En esta trama están involucrados, entre otros, el exministro de transporte, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García.
La investigación se centra en el exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, quien está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Domínguez se presentó ante la Fiscalía Europea este lunes, pero se acogió a su derecho a no declarar.
El caso se refiere a la compra de un millón de mascarillas que no llegaron a ser recibidas, ya que fueron destruidas por agentes de Aduanas en el Puerto de La Luz tras constatarse que estaban falsificadas. La empresa que las proporcionó recibió cuatro millones de euros durante la pandemia.
Además de Domínguez, también están siendo investigados Rayco González, administrador de la empresa RR7, por estafa agravada y blanqueo de capitales, y la exdirectora general de Recursos Humanos del SCS, Ana María Pérez, por prevaricación.
La querella de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas es la que ha llevado a esta investigación, que busca esclarecer los hechos relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia.
Es importante destacar que el exdirector del SCS, Conrado Domínguez, presentó su dimisión en noviembre de 2022, tras dos años en el cargo durante el Gobierno autonómico del socialista Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
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