Los fiscales que han denunciado a García Ortiz: El desprestigio al que nos lleva es indudable

Los fiscales que han denunciado a García Ortiz: El desprestigio al que nos lleva es indudable

En un giro inesperado en el caso de García Ortiz, un grupo de fiscales destacados ha decidido tomar una posición valiente y denunciar públicamente las acciones del polémico político. Esta decisión ha generado un gran revuelo en el ámbito político y ha generado un gran cuestionamiento sobre la transparencia y la integridad en la gestión pública. La denuncia interpuesta por estos fiscales tiene como objetivo exponer la verdad detrás de las acciones de García Ortiz y dar voz a las víctimas que han sido afectadas por sus decisiones. En este contexto, es fundamental analizar las implicaciones de esta denuncia y evaluar el desprestigio que conlleva para la institución política.

La Asociación de Fiscales denuncia la situación de desprestigio palmario hacia la institución

Tras una nueva semana de varapalos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la Asociación de Fiscales que recurrió su nombramiento se reafirma en su postura y denuncia ante este periódico la situación de desprestigio palmario hacia la que el fiscal general arrastra a la institución.

García Ortiz, en el ojo del huracán: denuncias, recusaciones y críticas

Los motivos que alega son varios: El Tribunal Supremo ha tumbado los dos nombramientos de la ex fiscal general Dolores Delgado a propuesta de García Ortiz; El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso por un comunicado del que el fiscal general se hizo responsable; y García Ortiz ha tomado la decisión inédita de recusar a cuatro magistrados del Supremo que deben analizar su permanencia en el cargo.

La justicia está en crisis: fiscales y políticos critican la gestión de García Ortiz

La bola de nieve comenzó a rodar el 21 de noviembre, un día antes de que el Gobierno anunciara que renovaría a Álvaro García Ortiz como cabeza del Ministerio Público. Aquel día, el Tribunal Supremo dijo que el fiscal general había incurrido en desviación de poder cuando propuso nombrar a Dolores Delgado como fiscal de Sala togada y anuló el ascenso.

Dolores Delgado, la exjeta del Ministerio de Justicia, nombró como número dos a Álvaro García Ortiz. Él sería su sucesor cuando Dolores Delgado dejó el cargo, en 2022, a causa de un problema de salud. Y una vez nombrado fiscal general, el salamanquino decidió ascender a fiscal de Sala a su exjefa, en contra del criterio del Consejo Fiscal (que en casi todos los aspectos es un órgano meramente consultivo).

El desprestigio de la institución: la lucha de García Ortiz por mantener el poder

El Supremo sentenció que la finalidad de aquel nombramiento era asegurar a doña Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor. A raíz de aquella sentencia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideró que García Ortiz no era idóneo para renovar el cargo.

El Senado pide al Gobierno que destituya al fiscal general por el incumplimiento de sus funciones. Pero el nombramiento se hizo de todas maneras, así que la APIF decidió recurrirlo ante el Tribunal Supremo. También a raíz de esta sentencia, el Partido Popular presentó una querella contra el fiscal general indicando que aquella desviación de poder podría comportar un delito de prevaricación, algo que el Supremo rechazó.

Ahora, con el recurso de APIF pendiente de resolverse, esta semana las polémicas han vuelto a rodear a García Ortiz. El Tribunal Supremo ha adelantado su fallo sobre otro nombramiento, el que propuso García Ortiz para colocar a Delgado al frente de un cargo de nueva creación: fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Una vez más, la propuesta de García Ortiz iba en contra del criterio mayoritario del Consejo Fiscal, pero resulta que en esta ocasión se le privó al órgano de un derecho: el de analizar y decidir sobre el régimen de incompatibilidades de la candidata.

Según denunciaron tres recurrentes -la APIF, la Asociación de Fiscales y el fiscal antidroga Luis Ibañez-, Delgado podría incurrir en una incompatibilidad porque su marido, el exjuez Baltasar Garzón, dirige una fundación centrada en los Derechos Humanos. Ahora el Consejo Fiscal deberá decidir si hay una incompatibilidad y, en caso de que la aprecie, habrá que nombrar a otro candidato.

Sea como sea, la sentencia ha servido al Partido Popular para reprobar a García Ortiz desde la Cámara Alta y pedir al Gobierno que lo cese. Una reprobación duramente criticada por la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece García Ortiz. Para la asociación, el acuerdo supone la absoluta degradación de la institución que lo adopta. Como efecto colateral posiblemente deseado, viene a incidir en el desprestigio de la institución a la que el fiscal general y cerca de 2.700 fiscales servimos con absoluta dedicación, lanzaron los progresistas.

También esta semana se ha conocido que el fiscal general del Estado presentó una recusación contra los cuatro magistrados del Supremo que deben resolver el recurso de APIF contra su nombramiento. Son los mismos magistrados que dijeron que había actuado con desviación de poder, con lo que García Ortiz entiende que no se les presume la imparcialidad necesaria para determinar su continuidad al frente de la Fiscalía.

Que un fiscal general del Estado recuse a cuatro magistrados del Supremo es algo muy extraño, la APIF se opondrá a la recusación, señala un vocal de la asociación durante una conversación con 20minutos.

El fiscal general recusa a cuatro magistrados del Supremo que decidirán su continuidad. Anticipo que nuestro escrito dirá que no concurren causas de recusación, confirma el presidente de la APIF, Miguel Pallarés. A su juicio, es inaudito que García Ortiz plantee las recusaciones, pero será la Sala 61 quien finalmente se pronuncie.

Efectivamente, si los cuatro magistrados no ven motivo para recusarse, el asunto pasará a manos de esta Sala que estará compuesta por el presidente del Supremo, los cinco presidentes de Sala y los magistrados con mayor y menor antigüedad de cada una de ellas.

La querella de la pareja de Ayuso Este martes siete de mayo debía ser complicado para el fiscal general identificar de dónde venían las balas, pues a la vez que el Supremo le daba un segundo varapalo por ascender a Delgado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitía una querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra dos fiscales.

García Ortiz dice que su figura está blindada y avisa: El Gobierno no me puede cesar. En marzo de este año, El Mundo publicó una información según la cual la Fiscalía Provincial de Madrid trasladó a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, una propuesta para que se declarara culpable y alcanzara un acuerdo con la Fiscalía. Una información que el fiscal general ha tildado de bulo.

Al día siguiente, la Fiscalía Provincial de Madrid emitió un comunicado ante las informaciones publicadas en varios medios de comunicación. Venía a desmentir aquella información y afirmar que fue el abogado de González Amador quien contactó con la Fiscalía madrileña para proponer un pacto y admitir la comisión de delitos fiscales.

Y la pareja de Ayuso impuso las querellas por un delito de revelación de secretos. Esto, además, afecta directamente a García Ortiz porque al día siguiente rechazó que se hubiera cometido este delito y añadió: Asumo la responsabilidad última de esta nota de prensa.