La reforma del subsidio de desempleo es una de las noticias más destacadas en el ámbito laboral en los últimos meses. Después de largas negociaciones y debates, se han concretado los cambios clave que afectarán a miles de personas que se encuentran en situación de desempleo. La reforma busca mejorar las condiciones de los beneficiarios, pero también tiene como objetivo reducir gastos y optimizar recursos. En este artículo, se presentarán los cambios clave, los beneficiarios que se verán afectados, las fechas de aprobación y los motivos detrás de la demora en enero. Conozca todos los detalles sobre esta importante reforma.
Reforma del subsidio de desempleo: cambios clave y fechas de aprobación
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han llegado a un acuerdo definitivo para la reforma de los subsidios de desempleo, que será firmado este miércoles y llevará al Consejo de Ministros para su aprobación como Real decreto-ley.
Este nuevo acuerdo incluye medidas del anterior decreto, como subidas en las cuantías del subsidio y sus beneficiarios, y incorpora algunos cambios para que el Congreso acabe dando el visto nuevo a la reforma.
¿Cómo cambia el subsidio tras la reforma?
Los principales ejes de la reforma mantienen los elementos fundamentales del primer decreto-ley que decayó en el Congreso, aunque también incluye medidas que entonces no estaban previstas y que ahora forman parte del acuerdo.
Las ayudas se incrementan de los 480 euros actuales (el 80% del IPREM) y pasan a una escala regresiva con el paso del tiempo: se percibirán 570 euros (95% del IPREM) los primeros seis meses de subsidio, 540 euros (90% del IPREM) el segundo semestre y 480 euros el resto del período que se tenga acceso a la prestación.
Será posible trabajar y percibir la ayuda: el subsidio de desempleo será compatible con el empleo por cuenta ajena, a tiempo completo o parcial, durante los 180 primeros días de la prestación, en concepto de complemento de apoyo al empleo para facilitar la transición al empleo.
Se elimina el mes de espera que se exige actualmente entre el cese de actividad y el inicio del cobro del subsidio.
Se eliminan los subsidios parciales: ahora todos los beneficiarios cobrarán la ayuda completa, sea cual fuere su jornada cuando trabajaban.
Se crearán dos nuevas ayudas para migrantes retornados y víctimas de violencia machista.
¿Quiénes serán los beneficiarios del subsidio?
Se amplía también la cobertura del subsidio a menores de 45 años sin responsabilidades familiares, trabajadores eventuales agrarios, a las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla, y a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a 6 meses y carezcan de responsabilidades familiares.
La duración de la ayuda es de 3,4 o 5 meses si se ha cotizado por esos períodos. Si se ha cotizado entre 6 meses y un año, el subsidio puede durar 6 meses en el caso de que no existan responsabilidades familiares y 21 meses si las hay.
¿Cuándo se aprobará?
Para la aprobación de la norma, Trabajo deberá trasladar el acuerdo con los sindicatos al Consejo de Ministros, que deberá respaldar el texto.
Con el visto bueno del Gobierno, el decreto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor en el momento citado por el propio BOE.
Todo hace indicar que será en los próximos días y antes del 20 de mayo, fecha límite para que España incluya estas reformas para la percepción de fondos europeos.
Posteriormente, será el Congreso de los Diputados quien deba convalidar el decreto o, en caso contrario, derogarlo con su 'no' mayoritario.
La reforma del paro, necesaria para los fondos europeos
Esta tramitación 'exprés' de la norma responde a la necesidad de aprobar esta reforma para cumplir con lo establecido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: la reforma es crucial para recibir el cuarto pago de los fondos europeos, dotado con 10.000 millones en ayudas directas.
La Comisión Europea tiene de plazo para evaluar las reformas incluidas en este tramo de ayudas hasta el 20 de mayo, por lo que esa es la fecha límite para implementar la reforma.
De no hacerlo o no tramitarlo a tiempo, España se arriesga a recibir un desembolso parcial o una congelación del dinero europeo hasta que se resuelva la situación.
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