Sevilla empezará a limitar las viviendas turísticas este mes tras abordar en el Pleno la propuesta del Ayuntamiento
En un movimiento que busca regular el creciente mercado de alojamientos turísticos en la ciudad, el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado una propuesta para limitar las viviendas turísticas en el territorio municipal. Tras ser abordada en el Pleno, la iniciativa está prevista para entrar en vigor este mes, con el objetivo de garantizar un equilibrio entre la oferta de alojamiento para turistas y la necesidad de preservar la calidad de vida de los residentes. Esta medida se enmarca en el esfuerzo por frenar el crecimiento descontrolado de este tipo de alojamientos, que ha generado controversia en los últimos años.
Sevilla pone freno a los pisos turísticos en el centro y Triana
El Ayuntamiento de Sevilla está a punto de aprobar una propuesta que limitará la implantación de nuevas Viviendas de Uso Turístico (VUT) en zonas saturadas del centro y Triana, donde el alcalde, José Luis Sanz, ha declarado que no cabe ni un piso turístico más.
El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, informó este miércoles de la aprobación en el Consejo de Gobierno de la Gerencia del documento que se presentó en marzo y que se abordará en el próximo Pleno, el 20 de junio.
La propuesta del Ayuntamiento
La propuesta del Ayuntamiento se ha elaborado tras un detallado análisis de los 108 barrios que hay en los once distritos de la ciudad, donde, a fecha de agosto de 2023, se contabilizaban 5.432 VUT, con más de 22.600 plazas, y 323.928 viviendas familiares, lo que equivale a una media de 4,16 plazas turísticas por inmueble residencial.
La ciudad se ha dividido en tres zonas, en función de la proporción entre unos pisos y otros, de forma que los turísticos no supongan en ningún caso más de un 10% del total de los familiares.
Zonas de restricción
La zona 1 es aquella en la que ya se supera este umbral y en la que, por tanto, no se concederán más licencias. Esta contempla los barrios de Santa Cruz, Arenal, Alfalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, Santa Catalina, San Lorenzo, San Gil y San Vicente, en el centro; y el casco antiguo de Triana.
La zona 2, que sí permite aún un incremento acotado de VUT al situarse el umbral entre el 5 y el 10%, abarca San Julián, El Museo y San Bernardo. Mientras que la última zona, a la que pertenecen el resto de barrios, es la menos saturada, con una tasa de apartamentos para turistas menor al 5%.
Medidas de control
El Ayuntamiento, que admite una correlación entre la presencia de pisos turísticos en algunos barrios y el deterioro de las condiciones de vida de sus vecinos, incluye también en su propuesta medidas de control.
Entre ellas, el envío a la Junta de los expedientes disciplinarios contra viviendas turísticas para cancelar su inscripción en el registro oficial. También se solicitarán al colegio de Administradores de Fincas las denuncias más recurrentes de las comunidades de propietarios por molestias en las VUT.
El Consistorio pedirá también al Servicio de Protección Ambiental que intensifique sus inspecciones por ruido y se cruzarán denuncias con la Delegación de Turismo de todas las viviendas ilegales de las que se tenga conocimiento a efectos de su control por ambas administraciones.
Decreto andaluz
La Junta aprobó su normativa autonómica el 29 de enero de este año, admitiendo que, en algunas zonas de la comunidad, estos alojamientos han generado tensiones en la convivencia, pero matizando que también han ayudado a desestacionalizar y aumentar la oferta.
Según detalló la Consejería de Turismo entonces, en Andalucía hay actualmente más de 116.000 viviendas de uso turístico, lo que supone ya cerca de la mitad de las plazas de alojamiento en la comunidad.
Además de dar competencias a los consistorios para regular esta materia, el decreto andaluz establece también una serie de requisitos mínimos de habitabilidad y confort que deberán cumplir todos los apartamentos turísticos, y que incluyen cuestiones como la climatización, el número de baños y ventanas, el número de personas por metro cuadrado o el ajuar doméstico.
La norma no tiene carácter retroactivo, de forma que las que ya están inscritas podrán mantener su actividad, pero tendrán que adaptarse a los nuevos requisitos establecidos, para lo que cuentan con un año de plazo desde la entrada en vigor del decreto, el pasado 2 de febrero.
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