En un caso que ha generado gran sorpresa y controversia, un abogado ha denunciado haber sido víctima de una estafa por parte de un proveedor de servicios. La historia comienza cuando el profesional del derecho recibió una factura por un monto de 160 euros, que consideró excesivo. Sin embargo, tras revisar cuidadosamente la documentación, descubrió que se trataba de un descuento sobre un monto inicial de 3.586,07 euros, que era el verdadero importe que debía pagar.
La noticia ha generado gran conmoción en el mundo jurídico y ha llevado a cuestionar la transparencia en la facturación de servicios. ¿Cómo es posible que un abogado, un profesional capacitado para analizar contratos y documentos legales, haya caído en esta trampa? ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar este tipo de situaciones en el futuro?
La pequeña letra del abogado: Un descuento de euros que se convirtió en una gran sorpresa para un consumidor
Un reciente informe elaborado por Banqmi, el portal financiero de iAhorro, detalla las experiencias de diversos consumidores a la hora de contratar abogados para interponer una demanda contra una entidad bancaria. Uno de los casos más llamativos es el de Fernando (nombre ficticio), quien contrato un despacho de abogados publicitado a través de redes sociales para demandar a la entidad con la que contrato una tarjeta revolving.
El anuncio daba a entender que el proceso de demanda sería muy fácil y que me podía salir incluso todo gratis, explica el consumidor afectado. En el primer contacto, te cuentan que hay miles de demandas ganadas y que cuando se termine el proceso puede que cobres un dinero, no te lo aseguran al 100%, pero te lo dejan caer.
El consumidor ganó la sentencia emitida por un juzgado de Madrid y, después del fallo, la entidad que le emitió la tarjeta revolving reajustó su deuda, por lo que le redujo los intereses y gastos cobrados de más. Sin embargo, nadie le informó que seguiría debiendo el capital que le había prestado el banco inicialmente.
El precio del proceso: ¿Quién debe pagar las costas judiciales y cómo pueden afectar a los consumidores?
Tras el juicio, Fernando debía devolver a la entidad un total de 3.586 euros y en un plazo de 20 días. Sin embargo, los abogados que contrató Fernando le cobraron 600 euros de honorarios, 300 euros de procurador y el valor de las costas judiciales, tasadas en 2.508,54 euros. Firmé un contrato cediendo las costas del juicio en favor del despacho, siendo consciente, pero lo que no sabía eran las cantidades que estaba cediendo, no sabía que era tanto dinero, asegura.
Las costas judiciales, en este caso, las paga el banco (que es quien pierde el juicio) y deberían ser siempre del demandante, a no ser que este pacte otra cosa con su abogado en el contrato. El problema, en este y muchos otros casos, es la falta de transparencia con el cliente, que suele desconocer a cuánto asciende el importe de dichas costas judiciales, subraya Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi.
Por ello, lo primero que hay que hacer antes de contratar un abogado es comprobar cuáles serán los costes asociados, si hay una parte fija y otra variable, explica el experto. En este caso, la parte fija serían los honorarios y el procurador y, la variable, las costas judiciales. No obstante, muchos son los demandantes que no leen lo que firman antes de hacerlo y después se llevan la sorpresa, concluye.
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